Mercosur: ¿Todo concluye al fin?

La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el Tratado de Asunción y el protocolo de Ouro Preto (ambos acuerdos multilaterales de Mercosur) asumió la Presidencia Pro Tempore del bloque, en julio del año pasado, con un contexto político continental harto desfavorable. En principio, el cambio de gobierno en la Argentina le laceró un aliado de peso y con el golpe de estado de Brasil en marcha, la idea expuesta por el presidente Macri en diciembre de 2015, se terminaba de consolidar con el ascenso de Michel Temer, ya en julio de 2016. Mercosur debía cambiar, pero para ello hacía falta separar algunos actores.

Los objetivos de los presidentes de Argentina y Brasil consistían en abonar en la tesis de  flagrante violación de los Derechos Humanos en Venezuela, señalar las acciones del oficialismo como restrictivas de libertades y derechos y denunciar que se estaba utilizando la fuerza del estado para someter a la oposición. Todo ello, claro, en vistas de propiciar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y justificar un replique sancionatorio en Mercosur.

En ese marco de hostilidades internacionales, Argentina, Brasil y también Paraguay, comenzaron a minar la “gobernanza” regional caraqueña, no sólo desconociendo el ejercicio pleno de la Presidencia Pro Tempore en Mercosur, sino también desconociendo la legalidad de la adhesión de Venezuela al bloque, sugiriendo para ello la revisión de sus estatus como miembro pleno.

La argucia, no carecía de fundamentos, todos los cancilleres sostenían que Caracas no había adecuado su ordenamiento a la normativa del bloque, cuestión que el mismo Presidente Nicolás Maduro reconoció en diciembre pasado (restaba adecuar y notificar el 5% del total de la normativa en cuestión). No obstante, los artificiales de la Triple Alianza no mencionaron (y tampoco sugirieron) la ausencia de “legislación regional” para sancionar a un país en esas condiciones.

Poco importó si hubo rechazos de otros actores suramericanos. Continuando con el proceso, y en un hecho de dimensiones diplomáticas nunca vistas Venezuela fue expulsada del Bloque regional a tan sólo 28 días de finalizar el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore. Pese al escándalo, clausura de puertas de acceso a la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur, golpes a la Canciller bolivariana Delcy Rodríguez, entre tantas otras acciones, la suerte corría del lado de los “aliados”: sacando del juego a Venezuela, se podía apuntalar un proceso de integración, dando la espalda al continente.

¿Por qué entonces el daño? de acuerdo a la opinión de la politóloga argentina Mariana Vázquez, ex integrante de la oficina de Enlace de Movimientos Sociales de Mercosur, la maniobra de los conjurados tiene al menos dos motivos centrales. “En principio, excluir el potencial veto de Venezuela ante un cambio en la estrategia de integración, porque hace tiempo ya existe consenso entre los países del Mercosur para reorientar el bloque en un sentido de liberalización comercial, proceso al menos en lo económico, acompañado también por Uruguay.” El segundo motivo, señala Vázquez, “es que hay una alineación con Estados Unidos de América, con el objetivo de aislar a Venezuela, no sólo en la región sino también a nivel global. Es decir, estamos ante gobiernos que han decidido imponer un proyecto económico al Mercosur y a la región, que es liberalizador, flexibilizador, llevándose puesto el Estado de Derecho. Esto en la región no es menor y en la historia de la región más aún.”

La situación interna 

A grandes rasgos se podría señalar que el avance de la oposición venezolana sobre el oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se intensificó, exitosamente, luego de la muerte de Hugo Chávez. Tal vez la ausencia de un reemplazo de su calibre, el propio desgaste de los oficialismos en ejercicio de gobierno y la caída del precio del barril de petróleo en el mercado internacional, puedan ser elementos que complementen una tesis tan amplia.

Más allá de las causas del orden actual de las cosas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una suerte de instancia pluripartita de anti-chavistas, ha puesto en escena con sus mayorías parlamentarias transitorias una serie de dispositivos “institucionales” destinados a desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. A la distancia, difícil es saber si estás acciones fueron coordinados como complemento, o como agente catalizador, de lo que hasta ahora ha sido su principal punto de acuerdo: solicitar la revocatoria del mandato del presidente.

El tema no es tan fácil. La Constitución Bolivariana de Venezuela, distinta en su concepción de lo popular, difiere en mucho a lo que hemos visto nosotros como experiencia liberal de ordenamiento del poder público. Allí, el poder popular es soberano, y aunque las oposiciones tengan facultades sancionatorias ante incumplimientos, excesos y otras violaciones del orden político, es la ciudadanía a través del voto popular, la que define si un funcionario (en este caso el mismísimo Maduro) continúa o no en su cargo. Por eso, no existe el “juicio político” de resolución parlamentaria, al que nosotros estamos tan habituados. Y tal vez por ello también, ante el fracaso de las acciones previstas, la oposición ha visto diluir sus esfuerzos con el paso del tiempo.

Actualmente, el dialogo entre oficialismo y oposición se encuentra suspendido, la vía revocatoria demorada y la MUD francamente debilitada en sus aspiraciones y liderazgos. Ahora bien ¿cómo impacta el proceso del Mercosur y la actitud de los países de la región contra Venezuela en la política interna de ese país? La dirigenta bolivariana Dubraska Pérez Yaguaramay plantea que las urgencias sociales, han puesto la mira sobre emergentes de mayor impacto interno. “Aquí nuestro problema es el tema de la alimentación -señala Dubraska-. Los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) no dan abasto para atender la demanda de las comunidades más alejadas de los centros urbanos, allí la gente es víctima del mercado negro, hasta tanto podamos llegar con la bolsa de alimentos”.

Desde hace años, producto de situaciones que exceden la crónica propuesta, Venezuela es víctima de una “guerra económica” furiosa. Las consecuencias se asimilan al desabastecimiento en época de Allende en Chile y a los bloqueos en la comercialización de productos que vivió nuestro país cuando el incidente de la Resolución 125. Pese a los esfuerzos gubernamentales, existen aún falencias en materia de producción (se importa el 80% de lo que se consume) y las tareas solo atienden la faceta distributiva del problema. Es decir, se prioriza llegar con los alimentos más que a producirlos.

No obstante ello, Dubraska enfatiza que “la crisis la tiene la MUD, entre [Enrique] Capriles, [Jesús] Chuo Torrealba y [Henry] Ramos Allup son mayoría en la Asamblea Nacional y no logran ponerse de acuerdo en asuntos que vayan en beneficio del país. Aun así el gobierno insiste en el dialogo y sigue llamando a conciliar intereses en favor de Venezuela, en este proceso que vivimos, nos ha quedado claro a todos los venezolanos, la cara antidemocrática de la oposición al proyecto de Chávez”.

La suerte está echada

De acuerdo a lo que comunicó el presidente de Mauricio Macri durante la visita que hiciera hace unos días a la República Federativa del Brasil, en el actual proceso de Mercosur se encara “el fortalecimiento interno del bloque y su relación con el mundo, empezando con la negociación con la Unión Europea (UE)”. Señaló también nuestro Presidente que “hay varios países interesados en ampliar la relación con nosotros, como la Alianza con el Pacifico (sic) y México, que ante el cambio de escenario, va a mirar al sur con mayor decisión”. El diagnostico pareciera ser el mismo: necesidad de integración, fortalecimiento de los vínculos regionales y oportunidad para el crecimiento. Las respuestas, lamentablemente son en sentido contrario a la historia reciente.

Este 9 de febrero está previsto se trate en Montevideo, Uruguay, el recurso de queja que ha presentado formalmente la República Bolivariana de Venezuela en lo atinente a la exclusión ilegal y arbitraria del bloque regional. Tal vez, el resultado de la contienda pase a formar parte de la anécdota periodística, tal vez ni tenga cobertura, si uno lo compara con el tratamiento que tuvo la fase “comunicacional” del proceso de exclusión.

Más allá de las posiciones personales y las perspectivas en la disputa de los sentidos, uno podría preguntarse si en este contexto el proyecto de integración debe caminar en la dirección propuesta por la Triple Alianza. No es para despreciar, que tanto Venezuela como Ecuador (en tanto aliado regional) en este momento están al frente de dos organismos de integración de carácter global. El “Movimiento de los Países no Alineados” y el “G77 + China”, respectivamente. Incluso, se podría evaluar si en el “repliegue” estratégico de dos potencias centrales como EE.UU y Reino Unido (“proteccionismo amurallado” señala Alvaro Garcia Linera), no es un momento propicio para apostar a la multilateralidad y la heterodoxia económica, más que a los raídos acuerdos de libre comercio y dependencia.

En ese sentido, la exclusión de Venezuela del Mercosur, el apuntalamiento de los gobiernos de mismo cuño (en la actualidad hacía la derecha) y la apuesta a segmentos de integración hacia el norte, parecen ser elementos que, lejos de estar aislados, forman parte de un definido programa de restauración del orden pre-existente a los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.

Otro cambio de orientación, en este caso, con “novedades” a contrasentido de los tiempos que corren.

 Neuquén Al Instante