Trabajo: Qué dicen desde el Colegio de Abogados sobre la nueva normativa

El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, planteó disidencias respecto al proyecto que incorpora modificaciones en el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo. Así lo expuso hoy durante la reunión de la comisión de Asuntos Laborales, ocasión en la que planteó la necesidad de desestimar cualquier tipo de injerencia jurisdiccional por considerarlas del orden de lo jurídico y no propios de un acto administrativo, como deben definirse las actuaciones que lleva adelante y resuelve el organismo provincial.

Iñiguez también se pronunció en contra de instancias de patrocinio gratuito por parte de funcionarios que trabajan dentro del ámbito de la Subsecretaría y explicó que el Colegio de Abogados tiene una nómina extensa de profesionales que pueden brindar asesoramiento y cobrar honorarios al dictarse una sentencia o celebrarse un acuerdo entre las partes.

En su intervención, también pidió que las propias empresas privadas puedan solicitar la intervención de la cartera laboral en casos puntuales y adelantó su acompañamiento para permitir que el organismo actualice y dinamice su función a través de la implementación de herramientas tecnológicas.

De la reunión participaron las responsables del Instituto de Derecho Laboral del Colegio, Natalia Ormazábal y Julia Busqueta, quienes tuvieron una postura crítica respecto de la iniciativa. Al realizar un diagnóstico sobre su articulado, señalaron que reformas incorporadas suprimen la autonomía de funcionamiento del organismo y le quita facultades necesarias para desarrollar tareas de control. Por caso, citaron la imposibilidad de poder realizar inspecciones sin aviso previo.

En el plano legal, Busqueta advirtió que en la actualidad las distintas actuaciones se terminan dirimiendo en el ámbito judicial por la falta de resolución de conflictos que ofrece el organismo. Al respecto, Ormazábal indicó que la nueva redacción no prevé adecuaciones que eviten la alta litigiosidad que presenta el sistema ni incorpora mejoras para garantizar el trabajo que deben llevar a cabo los agentes que dependen de la Subsecretaría.

Al ponderar el trabajo que realiza el personal del organismo laboral, el diputado y presidente del cuerpo, Francisco Lépore (Avanzar), recordó que desde el inicio de la actual gestión a la fecha la homologación de los acuerdos de parte se resuelven en un plazo no mayor a los 30 días, se incrementaron en ocho veces las inspecciones respecto a todas las realizadas durante 2023 y se estableció un jornada de doble turno para atender la demanda de cerca de 350 planteos y denuncias que llegan a la institución. “La Subsecretaría está volviendo a cumplir con su función”, afirmó.

De igual modo, Lépore justificó la necesidad de dejar sin efecto el anexo dos del Pacto Federal del Trabajo al cual adhirió por ley la provincia, al indicar que el sistema de multas que aplica no contempla una unidad de actualización permanente y su implementación acarreaba ningún tipo de sanción para la empresa en infracción. Por caso, mencionó que el organismo sólo logró aplicar una multa en los últimos 10 años.

En tanto, el diputado tomó postura respecto al patrocinio jurídico rentado que pueden ejercer letrados que cumplen funciones como parte de la planta de la Subsecretaría y dijo estar en desacuerdo. Sobre este punto, explicó que la atribución se encuentra contemplada en la normativa vigente –N° 1625- y, en esos términos, justificó su inclusión en el nuevo articulado.