La tolerancia cero de Figueroa también se impone en los municipios
La política de tolerancia cero contra los ñoquis, corruptos e indisciplinados que impulsó el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión ya tiene un correlato claro en distintos municipios de la provincia. Lo que hace algunos años parecía imposible dentro de las estructuras estatales hoy comienza a consolidarse como un cambio de época: el Estado dejó de mirar para otro lado frente a quienes cobran un sueldo sin trabajar o perjudican a los vecinos con maniobras irregulares.
La novedad más reciente se conoció esta semana en Centenario, donde la municipalidad resolvió cesantear a cuatro empleados de planta permanente por abandono de servicio. Los sumarios administrativos habían comenzado entre 2024 y 2025 y revelaron situaciones difíciles de justificar: faltas reiteradas y ausencias injustificadas que, en algunos casos, se extendieron durante más de diez meses consecutivos.
Pero el dato que más expone la dimensión del problema es que actualmente existen otros 70 sumarios administrativos en curso dentro de ese municipio. No todos derivarán necesariamente en despidos, aunque sí reflejan una decisión política concreta: terminar con prácticas que durante años fueron naturalizadas y que terminaron castigando a quienes sí cumplen diariamente con sus responsabilidades laborales.
La misma línea ya se había visto en la Municipalidad de Neuquén, donde desde diciembre de 2023 fueron despedidos varios empleados de planta permanente por inasistencias injustificadas y abandono de tareas. En uno de los casos más resonantes, el municipio capitalino expulsó a siete agentes que directamente habían dejado de cumplir funciones mientras continuaban percibiendo salarios pagados con recursos de todos los contribuyentes.
También en Andacollo hubo medidas contundentes. Allí, el intendente no sólo desplazó a dos funcionarios de su propia gestión, sino que además los denunció ante la Justicia por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a materiales y trabajos de construcción que habrían provocado un perjuicio cercano a los 50 millones de pesos. La señal fue inequívoca: ya no existe margen para proteger privilegios ni encubrir irregularidades.
El trasfondo de estas decisiones va mucho más allá de un ajuste administrativo. Se trata de una cuestión de justicia para los trabajadores que durante años soportaron sobrecarga de tareas mientras convivían con ñoquis, vagos e indisciplinados que deterioraban el funcionamiento del Estado. En Neuquén empieza a consolidarse una nueva lógica: cuidar los recursos públicos, exigir responsabilidad y terminar definitivamente con la impunidad dentro de las estructuras estatales.