viernes 29 de marzo de 2024

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En Senado y Diputados ya están los votos para que el Impuesto a la riqueza sea ley

Aseguran que ambas cámaras ya poseen los sufragios necesarios para convertir en ley al impuesto impulsado por el kirchnerismo.

En Senado y Diputados ya están los votos para que el Impuesto a la riqueza sea ley
viernes 13 de noviembre de 2020

El Impuesto a la Riqueza puede convertirse en ley antes de que finalice noviembre y, por ende, el período de sesiones ordinarias. Porque en las dos cámaras están las voluntades suficientes para que así sea.

Por tratarse de la creación de un impuesto, el denominado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas necesita para ser ley los votos de la mitad más uno de los integrantes de cada cámara.

Es decir, no mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) sino mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros de cada cuerpo). En Diputados son 129 (la mitad de 257) y en el Senado, 37 (la mitad de 72). El Frente de Todos (FDT) ya los tiene. Y de sobra.

En la noche del jueves, Máximo Kirchner, coautor de la iniciativa junto con su colega Carlos Heller, hizo saber que el proyecto se tratará el próximo martes al mediodía en una sesión especial que le pidieron convocar a Sergio Massa con las firmas de otros 10 diputados más, seis de las cuales son opositores.

En el Senado, el FDT tiene mayoría propia, de modo que una vez que a esa cámara le llegue la media sanción se la convalidará de un plumazo.

Además de Kirchner y Heller, la nota con el pedido de sesión especial para tratar el impuesto a la riqueza tiene las firmas de los oficialistas José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

Y de los opositores Eduardo Bucca, del Bloque Justicialista; Carlos Gutierrez; de Córdoba Federal; Ricardo Wellbach, del Frente de la Concordia de Misiones; José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal; Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Rio Negro, y Felipe Álvarez, del flamante bloque Acción Federal, recientemente alejado de Juntos por el Cambio (JPC).

Precisamente, en JPC se oponen al Impuesto a la Riqueza porque —entre otros argumentos— entienden que ya existen los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias y que esta nueva carga ahuyentará las inversiones, justo cuando la Argentina las necesita para volver a crecer.

De todas maneras, tanto en esta coalición opositora como en el oficialismo creen que un puñado de diputados de JPC, sobre todo los que responden a los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), podrían apoyar la iniciativa de Kirchner.

En el oficialismo argumentan que el nuevo pacto fiscal federal, que supone un alivio financiero para las provincias y que se les ofrecerá refrendar a los gobernadores, incluye como obligación la aprobación, antes del 31 de diciembre de 2020, del Aporte Solidario.

El proyecto, que obliga a pagar por única vez una tasa de al menos un 2% sobre sus fortunas a quienes posean patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

El 25 de septiembre pasado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que preside el oficialista porteño Carlos Heller, emitió un dictamen con 27 firmas, de las cuales 25 son del Frente de Todos y las restantes pertenecen al peronista cordobés Paulo Cassinerio, que responde a Schiaretti, y al misionero Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero. Sólo JPC se opone a la iniciativa.

El trámite legislativo de ley del denominado “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los impactos de la pandemia” tiene en rigor no una demora de un mes y medio, sino de siete meses: Heller anunció por primera vez que presentaría el proyecto el 5 de abril.

Nueve días después, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con Kirchner, con Heller y con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para expresar formalmente su apoyo a la iniciativa, sin que aún estuviera presentada.

El proyecto fue presentado recién cuatro meses y medio después, el 28 de agosto pasado, y, con el dictamen, quedó listo el 25 de septiembre para ser debatido en sesión, con segura aprobación.

Pero desde entonces, nada más se supo, hasta la noche de este jueves, con la gacetilla enviada por colaboradores de Máximo y Cristina Kirchner, en la que se informa que, “además, en la sesión” del martes, aún no convocada, “se tratarán otros proyectos vinculados a temas ambientales”.

“Por un lado, la llamada Ley de Fuego, que impide la utilización comercial de tierras que hayan sido víctimas de incendios forestales, cuyo objetivo es reducir los incendios forestales intencionales y la especulación. Por otra parte, se debatirá la Ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública”, dice el comunicado de prensa.

 

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