La Legislatura aprobó la Ley de Servidumbre Administrativa de servicios de tecnologías de la información

La Cámara de diputados de la provincia aprobó este miércoles, en general, la ley que crea la servidumbre administrativa de servicios de tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones, orientada a regular la utilización de inmuebles, públicos o privados, para la instalación de infraestructura destinada a brindar servicios de telecomunicaciones en toda la provincia.

Se trata de una iniciativa elevada por el gobernador Omar Gutiérrez al inaugurar el período legislativo del año pasado, que contempla las distintas situaciones que surgen de la relación entre propietarios de predios dispuestos a tal fin y empresas o entes prestadores de servicios de telecomunicaciones.

La ley alcanzó 20 votos positivos de los bloques MPN, Siempre, MAV, Juntos, UP-FR y de Mariano Mansilla (FT), Lucas Castelli (Avanzar), Fernando Gallia (FNN), Elizabeth Campos (PDC), Teresa Rioseco (FT). En contra lo hicieron JC y Soledad Salaburu (FT), Darío Peralta (FT), Sergio Fernández Novoa (FT), Blanca López (FIT), Ayelén Gutiérrez (FT) y Lorena Parrilli (FT).

En su intervención, la diputada du Plessis remarcó que la iniciativa surge de la omisión de la ley nacional denominada Argentina Digital que no contempló este tipo de servidumbre. “Es una ley muy importante que da previsibilidad jurídica para llegar a un acuerdo en el marco de un interés superior para que es para que toda la comunidad se vea beneficiada”, sintetizó la legisladora tras destacar que la norma regula relaciones entre privados o el propio Estado y propietarios de terrenos sobre los que debe atravesar la servidumbre para garantizar el alcance del servicio de comunicación en la provincia. Mencionó que en la actualidad, la relación se concreta mediante acuerdos, si es que se alcanzan, con los titulares, situación que requiere de un nuevo marco legal regulador.

A su turno, la diputada Leticia Esteves (JC) adelantó el voto negativo de su bloque en tanto entienden que “los servicios de telecomunicaciones tienen carácter federal el cual se encuentra establecido no solo en varias leyes nacionales sino también en numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que declara servicio público a todos los servicios TIC con lo cual esta ley se hace innecesaria”.

En contra también se pronunció la diputada Lorena Parrilli (FT) quien cuestionó que la indemnización debiera calcularse mediante un promedio entre el valor fiscal y de mercado del inmueble, y no solamente por su valor fiscal, al tiempo que debiera actualizarse mensualmente. En ese sentido, dijo acordar con la necesidad de regular la relación, pero cuestionó las condiciones y aseguró que a la ley “le falta racionalidad” ya que “maximiza en forma exorbitante la tasa de ganancia de las empresas” de telecomunicaciones.

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