Represas: la Convención del MPN cuestionó a Nación y exige convocatoria a una mesa de diálogo con las provincias

La Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN), expresó su rechazo “total y absoluto” a la decisión del gobierno nacional de transferir la administración de las represas a la empresa ENARSA, remarcando que “es una medida de una altísima gravedad institucional que pone en riesgo el orden constitucional de la República y es un ataque a los derechos del pueblo neuquino”.

El máximo órgano partidario dio a conocer un duro documento cuestionando severamente la resolución de la Nación y reclamó una “urgente convocatoria” a una mesa de diálogo con las provincias “que deben tener una participación protagónica como titulares del dominio originario por expresa disposición constitucional”.

En ese sentido, se remarcó que la medida “representa un claro avasallamiento al federalismo, un avance ilegítimo sobre la autonomía y competencia de las provincias para el ejercicio del dominio de los recursos naturales propios, consagrados en la Constitución Nacional”. Se citó concretamente el artículo 124 que establece que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”, dejando en claro que el agua es un bien provincial, al igual que sus múltiples aprovechamientos.

El pronunciamiento de la Convención lleva la firma de los integrantes de la Mesa Directiva, encabezada por su presidente, Jorge Sapag y la vicepresidenta, Ana Pechen, acompañados por Carlos Koopmann, Jorge Lara, Juvenal Urrutia, Gabriela Cagol y Cecilia Longhi.
“El gobierno nacional debe reconsiderar en forma urgente su invasión sobre los derechos de las provincias titulares del dominio de los ríos. Y deberá convocar sin demoras a los gobiernos provinciales a una mesa de diálogo”, sostiene el documento.

En forma paralela, la Convención partidaria manifestó su total apoyo “a todas las acciones que el gobierno de la provincia del Neuquén considere necesarias llevar adelante en defensa de los derechos del pueblo neuquino, frente a este ataque llevado a cabo por el gobierno nacional en su perjuicio, toda vez que está en juego la seguridad de las poblaciones asentadas aguas abajo y la administración del agua para consumo humano y de las producciones frutícolas e industriales”.

Los integrantes del cuerpo partidario expresaron también su acompañamiento a las medidas que la provincia “considere necesarias llevar adelante para establecer y regular el control sobre los recursos hídricos, de manera particular la negociación de un tratado interprovincial para establecer y regular dicho control, así como establecer los correspondientes cobros de canon de uso del mencionado recurso”.
“Las decisiones en materia de energía, deben ser cuestiones de política de estado que deben surgir del consenso entre Nación y las Provincias, en el marco de un federalismo de concertación. Cualquier otro camino es un atropello al federalismo y al Estado de Derecho”, señala el documento, rechazando “cualquier intento que tienda a cercenar la propiedad que posee Neuquén para tomar decisiones sobre el destino de las represas que se encuentran sobre los ríos que son propiedad exclusiva de la provincia”.