Estafas con planes sociales: extienden prisiones preventivas a los principales acusados

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez solicitaron a una jueza de garantías que extienda la prisión preventiva que, desde el inicio de la investigación, cumplen tres de los 31 imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a realizar estafas en la administración de planes sociales en el Ejecutivo provincial.

Se trata de los exfuncionarios a los que la fiscalía investiga como “líderes” de la organización: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. 

El 29 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otras 26 personas imputadas - entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.

Durante la audiencia realizada ayer, desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Soiza, Sanz y Osuna. Desde el principio, la medida cautelar fue dispuesta para evitar que, en libertad, los imputados puedan ocultar o destruir prueba e influir en testigos o en el resto de las personas acusadas. Ante el vencimiento, el fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidieron extenderla por 6 meses.

En contrapartida, la defensa de Sanz pidió morigerar la detención y pasar a una modalidad domiciliaria, en virtud de que el imputado realizó una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito que se le atribuye. Para la defensa, esa actitud implica una “colaboración” con la investigación, lo que desactivaría la hipótesis del entorpecimiento.

Sin embargo, Narváez y Vignaroli explicaron que la declaración de Sanz no fue suficiente para considerar que no podría realizar maniobras en contra de la investigación, por lo que ratificaron la necesidad de que continúe en una unidad de detención. De hecho, los fiscales afirmaron que al contrastar su testimonio con el de otros coimputados, pudieron constatar que en la declaración ocultó o alteró información respecto del beneficio que obtuvo a nivel personal por su participación en las estafas.

Tras un cuarto intermedio, la jueza confirmó hoy la prórroga solicitada por la fiscalía por considerar que en los tres casos persiste el riesgo de que, en libertad, los imputados puedan realizar maniobras de entorpecimiento de la investigación.

Roles en la asociación

A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, la fiscalía les atribuye el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

El resto está acusado por integrar la asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real (artículos 210, primer párrafo; 163, inciso 15; y 174, inciso 5 del Código Penal).

La investigación

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.

Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial que, creado en febrero de 2018, estaba destinado a personas que no tuvieran trabajo. De acuerdo con la investigación, los y las beneficiarias de los planes finalmente no recibían el total del monto asignado.

Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900.

Mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.