El prosecretario administrativo y el Poder Judicial explicaron el presupuesto 2024

martes 14 de noviembre de 2023

La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) recibió hoy al Prosecretario Administrativo del Poder Legislativo, Jorge Acuña, quien explicó el cálculo del ejercicio financiero de dicho Poder para el próximo año. El cuerpo que preside la diputada Liliana Murisi (MPN) mantendrá en comisión la propuesta, con el objetivo de emitir despacho la semana que viene. La reunión funcionó en minoría por falta de quórum.

Acuña dijo que el ejercicio financiero 2024 es “equilibrado” y, tras detallar la distribución de los gastos y explicar las fuentes de los recursos y las principales erogaciones proyectadas, se refirió al funcionamiento del Comité provincial contra la tortura, creado por ley 3213, cuyo funcionamiento se regirá en la órbita de la Legislatura.

En relación al órgano que tendrá entre sus funciones el control de las unidades de detención y la posibilidad de receptar denuncias por malos tratos, Acuña informó que se encuentran en “tratativas con la Subsecretaría de Hacienda” para incluir una “erogación figurativa” en el presupuesto Legislativo, que devendrá de partidas del Ejecutivo, y con la que se afrontarán los gastos de funcionamiento y la remuneración de los integrantes de dicho Comité, quienes presenciaron el debate en la comisión.

En cuanto a los números del presupuesto, que asciende a de 20.813 mil millones de pesos, Acuña mencionó que el 99% de los recursos –un total de 20.704 millones- deriva del 6% de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. Indicó que la variación de recursos en relación con el presupuesto vigente es del 37.5%, mientras que en materia de gastos informó que la partida personal se llevará 16.200 millones de pesos (77.8% del total de erogaciones), que se distribuirán entre los 610 cargos contemplados –misma cantidad que en la actualidad-. Consultado por el plantel previsto por legislador para la próxima gestión, dijo que se estimaron cinco plantas temporarias y cuatro contratos por banca.

El proyecto permanecerá en comisión y será retomado la semana que viene con vistas a convertirse en despacho, según informó la titular del cuerpo.

Por último, el funcionario legislativo se refirió al programa “Portal Datos Abiertos” que representa una herramienta de información parlamentaria disponible en el sitio web oficial, orientado a que la ciudadanía pueda “no solo visualizar, sino también utilizar” los datos que hacen a la labor legislativa. Dijo que la medida responde a la premisa que mantiene la actual gestión legislativa que entiende que “la información es de carácter pública, por lo que es una obligación mostrarla”.

Acuña estuvo acompañado por el Director General de Administración, Claudio Vázquez, y parte de personal de Contaduría y Tesorería del Poder Legislativo.

Estuvieron presentes Liliana Murisi, Lorena Abdala, César Gass, Andrés Peressini, Karina Montecinos, Andrés Blanco, Leticia Esteves, Maximiliano Caparroz, Blanca López y Carina Riccomini.

Por otro lado, la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) recibió hoy a Karina Reina, a cargo de la Administración General del Poder Judicial, quien explicó los números del presupuesto de dicho Poder para el próximo año. A la vez, en la reunión de esta mañana, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN), inició el debate de proyecto que instituye por ley el procedimiento de la consulta previa a las comunidades originarias.

Reina calificó de “equilibrado, moderado y prudente” el presupuesto 2024, estimado en 102 mil millones de pesos, pero advirtió también la falta de “elasticidad” de los recursos para afrontar gastos que no sean salariales. En efecto, mencionó que el 91% de los ingresos se derivarán a la partida de personal, para afrontar salarios –con 91.900 millones de pesos-, y señaló que no se previeron partidas para actualización salarial ni para la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo elaborado en paritarias.

Sobre este punto, y consultada al respecto, Reina dijo que el texto aún no fue tratado por el pleno del Tribunal y dijo no tener “en claro todavía la cuantificación” que demandará. Adelantó que, en caso de incorporarse, requerirá de “asistencia financiera provincial” para su implementación. “Es un problema financiero, no técnico para readecuar partidas” dijo en tal sentido al soslayar que se deberá evaluar de dónde devendrán los fondos para su aplicación.

En ese marco, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) lamentó la inasistencia a la comisión de la titular del TSJ, Soledad Gennari, para que dé cuenta de “respuestas políticas” a las inquietudes de las bancas. Reina informó que Gennari no pudo asistir “por compromisos ya asumidos” y advirtió que sus consideraciones del presupuesto son de carácter “técnico”.

En otro tramo de su exposición, Reina sostuvo que, desde que el Poder Ejecutivo comenzó a asignar fondos bajo contribuciones figurativas al Judicial en el 2009, tales montos fueron creciendo año a año hasta llegar a un 38% de la composición del total de los ingresos para el 2024. En efecto, se prevé una asistencia financiera en tal concepto de 38 mil millones de pesos, lo que constituye un incremento del 173% en relación a las contribuciones del año en curso.

Reina mencionó, además, que no se prevé un incremento de la planta de personal, que proyecta mantenerse en 2518 cargos, de los cuales 200 están vacantes y se prevén cubrir con el masivo concurso para auxiliares que se hizo este año y los que correspondan al Consejo de la Magistratura. Informó que, del total, 72 cargos son de magistrados, 900 de funcionarios y el resto de personal administrativo. La relación del ítem salarial, según tal distribución es de un “60/40”, indicó.

“Es un presupuesto de crisis para esta época” dijo Reina, tras reparar en la volatilidad e inestabilidad del escenario económico del país, situación que afecta el servicio del sistema judicial en distintos aspectos, entre ellos, según indicó, la posibilidad de mejorar las condiciones edilicias propicias. En efecto, dijo que se destinan un total de 29 mil millones de pesos en alquiler. El ítem de obra pública prevé inversiones por 888 millones de pesos.

En relación con las variables que afectan el desarrollo económico del sistema judicial, mencionó el proceso inflacionario, la devaluación del peso y el desfasaje de los precios de los gastos, muchas veces a valores en moneda internacional, que no se corresponde con el crecimiento en materia de recursos.

El tratamiento del proyecto, que permanecerá en comisión, fue presenciado por el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Claudio Salazar.

Consulta previa

En otro orden, en la reunión de esta mañana comenzó el debate del proyecto que aprueba el “Procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada” aplicable a las comunidades indígenas de la provincia con reconocimiento de su personería jurídica. Se trata de una de las iniciativas elevadas por el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 1° de marzo que busca, según informó la diputada María Fernanda Villone (MPN) elevar el rango normativo del decreto vigente que aprobó el protocolo de actuación en la materia (108/23).

“Neuquén es una provincia intercultural desde la hora cero”, afirmó Villone tras referirse al reconocimiento constitucional y ponderar el trabajo alcanzado entre el Ejecutivo provincial y las comunidades mapuches. Remarcó que, de aprobarse la ley, Neuquén será la única jurisdicción del país en contar con una normativa de tales características.

En su intervención, la legisladora recordó además que, para la elaboración del procedimiento, se realizaron reuniones en distintos puntos de la provincia con referentes de las zonales y vislumbró que la próxima gestión de gobierno “concretará” la puesta en marcha de la ley.

Por su parte, el diputado Mariano Mansilla (FdT) adelantó el acompañamiento a la iniciativa pero lamentó que la ley “tardara décadas en llegar”, al tiempo que valoró “la lucha del pueblo mapuche” y criticó situaciones de avasallamiento de derechos por parte del Estado. Explicó que la consulta “no es una autorización” sino el derecho a la información.

A su turno, el diputado Andrés Blanco pidió convocar a integrantes de la Confederación Mapuche, que se hicieron presentes al finalizar el debate, y destacó que “el triunfo” proviene de la lucha organizada de las comunidades.

El tema permanecerá en comisión para su análisis.

Por otro lado, el cuerpo recibió hoy al director y al subdirector provincial de Rentas, Juan Martín Insúa y Marcos Lavaggi, respectivamente, quienes explicaron las reformas impositiva y del Código Fiscal –ley 2680-. En ambos casos, los funcionarios hicieron hincapié en que no se prevén grandes modificaciones sino actualizaciones en los valores en función del proceso inflacionario, previsto en un 140% interanual. Los proyectos permanecerán en la agenda de la comisión.

Finalmente, la comisión emitió despacho a dos expedientes con reserva presupuestaria que fueron girados a la comisión de Hacienda y Presup uesto, Cuentas y Obras Públicas (B) a fin de ser incorporados al presupuesto provincial del próximo año.

Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Darío Peralta, Lorena Abdala, Mariano Mansilla, Sergio Fernández Novoa, Ludmila Gaitán, Carlos Coggiola, Andrés Blanco, Liliana Murisi, Andrés Peressini, Carlos Sánchez, Carina Montecinos, Soledad Martínez, Leticia Esteves, César Gass, María Fernanda Villone y Carina Riccomini.