viernes 4 de octubre de 2024

Deudores Alimentarios no podrán ser proveedores de CALF

La medida fue tomada en cumplimiento con la vigente legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Los proveedores deberán, sin excepción, presentar el libre deuda.

Deudores Alimentarios no podrán ser proveedores de CALF
jueves 16 de noviembre de 2023

En cumplimiento de la legislación vigente para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, CALF estableció que sus proveedores y quienes pretendan serlo deberán, sin excepción, presentar el libre deuda del Registro de Violencia Familiar y de Género como así también del Registro de Deudores Alimentarios.

La disposición, que sigue siendo requisito para la contratación de personal, fue dispuesta por la Mesa Directiva de la cooperativa a través de la Resolución Nº 135/23 y regirá para todos los proveedores, ya sean personas humanas o jurídicas.

Los proveedores tendrán un plazo de 30 días para presentar los certificados exigidos por la nueva resolución.
Yamila Rodríguez Durante, del Departamento Compras de CALF explicó que “para el caso de que el proveedor sea una persona jurídica, en igual plazo deberá presentar copia del acta correspondiente en donde se consigne la designación del último directorio. Y cada uno de sus integrantes deberá presentar el libre deuda de ambos registros”.

Alejandra Quiroga, Tesorera del Consejo de Administración precisó que “CALF ya había dado en el 2022 un paso relevante en su compromiso de erradicar la violencia de género y trabaja por un modelo de respeto, igualdad e inclusión al firmar un convenio de promoción y adecuación de la reglamentación interna con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en cumplimiento con los acuerdos internacionales de Derechos Humanos y la nueva agenda de desarrollo sostenible”.

Las empresas no son ajenas a los objetivos de la Ley y forman parte de la sociedad y como tal deben promover el avance hacia sociedades más justas e igualitarias.

“La violencia familiar y de género es un flagelo que afecta a los derechos de las personas, por lo tanto, los Estados deben procurar que estos actos no se reiteren y se agraven, haciendo frente a su obligación desarrollando políticas de prevención, investigación, sanción, reparación y evitar la impunidad frente a los actos de violencia” dijo Quiroga.

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