Solicitan que se declare la emergencia en seguridad pública

La declaración de emergencia tendrá un plazo de 18 meses, con posibilidad de ser prorrogada por el mismo período. Para ellos, se tendrá en cuenta la planificación estratégica del sistema de seguridad pública; la implementación de programas de prevención del delito y la violencia, y de estrategias de coordinación institucional con los municipios; y programas de fortalecimiento para la protección integral de niñez y adolescencia.

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad llevará adelante un plan integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados; operativizar el sistema de monitoreo; y constituir Consejos de Seguridad en los municipios que no cuenten con ellos.

A la vez, determina que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar políticas interministeriales y municipales de asistencia y promoción social para el fortalecimiento de la seguridad. Entre ellas, propone implementar programas de inserción integral para las personas de entre 16 y 21 años, de deportes y de limpieza y saneamiento de espacios públicos y privados: como así también crear un programa de asistencia a la víctima.

Por otro lado, plantea la creación de una Comisión de Seguimiento de Seguridad Pública en el ámbito del Poder Legislativo, a la que el Ministerio de Seguridad deberá informar trimestralmente las medidas adoptadas y la progresividad de los resultados obtenidos.

Los fundamentos señalan que la inseguridad es uno de los principales problemas de la provincia, reflejado en el aumento de los actos de violencia y delincuencia que se vienen registrando. Agregan que el incremento se vincula “a la pérdida de espacios públicos, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y miedo”.

En otro tramo, sostienen que una de las demandas centrales de la ciudadanía es la seguridad y por ese motivo, el proyecto propone una serie de herramientas que permitan restablecer las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica de las personas.

El proyecto (16654) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de abril y lleva las firmas de María Papa, Alberto Bruno y Guillermo Monzani.