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Denunciarán penalmente a la diputada Nadia Márquez por peculado
El abogado Mariano Mansilla llevará a cabo este jueves la presentación de una denuncia penal contra la diputada Nadia Márquez y Pablo Ruiz, coordinador general del Complejo Casa de las Leyes, por presunto peculado o malversación de bienes públicos, en una causa que promete generar repercusiones en el ámbito político y judicial de Neuquén.
La denuncia se centra en el presunto uso indebido de oficinas pertenecientes a la Casa de las Leyes para la realización de actividades de carácter partidario y religioso. Según los fundamentos de la acusación, Pablo Ruiz habría facilitado estos espacios, mientras que Márquez habría participado como coautora o cómplice primaria.
Detalles de la acusación
El abogado Mansilla, conocido por su rol en causas de alto impacto social, argumentará que los hechos denunciados constituyen una violación de las disposiciones del Código Penal Argentino sobre el uso de recursos públicos. El artículo 261 del Código Penal establece penas severas para quienes, en ejercicio de una función pública, dispongan de bienes estatales para fines ajenos al interés público.
La denuncia también destaca el rol de Pablo Ruiz, señalado como autor del delito por su responsabilidad en la administración y disposición de los bienes públicos bajo su control. En tanto, Nadia Márquez estaría implicada en calidad de coautora, por su participación activa en las actividades cuestionadas.
Conferencia de prensa y repercusiones
Mansilla ha convocado a los medios a una conferencia de prensa este viernes a las 9:00 horas en las escalinatas de la Fiscalía Penal de Neuquén, situada en la intersección de Leloir y Entre Ríos. Durante el evento, el abogado expondrá los elementos probatorios que sustentarán la denuncia, así como las implicaciones políticas y jurídicas de un caso que ya ha despertado amplio interés público.
La acusación podría abrir un nuevo frente en el debate sobre el uso de bienes públicos por parte de funcionarios y responsables de organismos del Estado, además de generar tensiones dentro de la esfera legislativa.
Este caso subraya la importancia del control ciudadano y la vigilancia judicial sobre los actos de los representantes políticos, en un contexto donde el manejo transparente de recursos públicos es una demanda creciente de la sociedad.
