Piden declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional del Fuego

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) y la diputada Gabriela Suppicich presentaron un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Seguridad de la Nación declare la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional del Fuego. El objetivo es que se garanticen todos los recursos para combatir los incendios en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

La iniciativa también busca que el Ejecutivo nacional prohíba la comercialización de las tierras afectadas por los incendios y garantice la reconstrucción socioambiental de la región. En ese marco, solicita un plan de viviendas para las familias afectadas, la exención impositiva en los servicios públicos, un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura, y la prohibición del cultivo de pinos.

Por otro lado, plantea la creación de un bono de emergencia ígnea destinado al recupero de los fondos utilizados para atender la situación de emergencia exigible a grandes empresas que desarrollen su actividad en las provincias, proporcionales a sus ganancias. De igual modo, estipula que las partidas presupuestarias deberían surgir de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales

Los fundamentos del proyecto hacen eje en la enorme cantidad de hectáreas de bosque nativo afectadas por el fuego y señalan que el esfuerzo para combatirlo lo están haciendo los pobladores organizados junto a los brigadistas que se encuentran mal equipados y pagos. Remarcan que, en este contexto, el Servicio Nacional del Fuego solo cuenta con un avión, un parque automotor en pésimas condiciones y desguace de personal.

También resaltan el negacionismo anti ambiental del gobierno nacional y advierten que las altas temperaturas se combinan con fuertes vientos, aspectos naturales que se modificaron por el cambio climático.

“La crisis climática y ecológica es a su vez producida en gran medida por la quema de combustibles fósiles y negocios extractivistas, que son beneficiados con exenciones impositivas, fiscales, aduaneras y cambiarias con el RIGI”, sostienen.