Golpeó a su pareja y la amenazó en un contexto de violencia de género: fue imputado

El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la fiscal del caso Natalia Rivera, formuló cargos a M.G.S, un hombre que atacó a golpes y amenazó de muerte a una mujer que es su pareja, en la ciudad de Chos Malal.

La acusación la realizó hoy por la mañana, durante una audiencia en la que pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima.

De acuerdo a la investigación preliminar, el hecho fue cometido ayer por la mañana, entre las 6 y las 10, luego de que la pareja regresara a su vivienda tras haber estado en un local nocturno. Allí, el imputado comenzó a hacerle reproches a la víctima, luego la agredió verbal y físicamente con golpes de puño.

Como consecuencia de esta agresión en un contexto de violencia de género, la mujer sufrió fracturas en la zona de la cara, principalmente.

"La agresión física fue de extrema violencia", remarcó la fiscal del caso, y detalló que la víctima sufrió fracturas en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, además de hematomas y excoriaciones, lesiones que fueron constatadas por médicos del hospital local. 

La fiscal indicó que durante la agresión, el imputado también amenazó de muerte a la mujer.

El delito que le atribuyó a M.G.S fue lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples.

Ante el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, la fiscal solicitó un plazo de investigación preliminar de un mes, aunque el magistrado dispuso dos meses por pedido de la defensa.

Cómo medida cautelar, la representante del MPF, pidió que el imputado quede detenido por un plazo de un mes. Argumentó que existe riesgo para la integridad de la víctima.

El juez de garantías rechazó el pedido de la fiscalía, y dispuso medidas cautelares alternativas, como por ejemplo la prohibición de acercamiento del acusado a la víctima, la prohibición de contacto por cualquier medio con ella y la prohibición de ingreso a la localidad a la que ella se mudó tras el hecho.

Frente a esta decisión, la fiscal del caso solicitó la revisión de la resolución ante un tribunal revisor.