Se esperan condenas más severas para quienes despojaron a la provincia

La causa de los planes sociales volvió a poner en el centro del debate la gravedad de la corrupción que en los últimos años de los gobiernos del MPN golpeó a la provincia de Neuquén.

El esquema de desvío de fondos que estaban destinados a los sectores más vulnerables no sólo significó un perjuicio económico millonario, sino que marcó el fin de una era, razón por la cual hoy se espera una condena más severa contra quienes protagonizaron ese saqueo.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Rolando Figueroa impulsó una política de tolerancia cero frente a la corrupción, caiga quien caiga. Lo hizo y lo sigue haciendo con el objetivo de erradicar prácticas que, al parecer, estaban enquistadas en la administración pública.

En ese marco, el juicio por los planes sociales era observado como una prueba clave para consolidar un cambio de época y enviar un mensaje claro de que el delito contra el Estado tendría consecuencias ejemplares. Figueroa las aplica con el despido de ñoquis e indisciplinados. Pero hay casos en que no encuentra correlato en los fallos judiciales.

De hecho, las penas conocidas en la causa de los planes generaron una fuerte sensación de insuficiencia. La condena más alta, de cinco años de prisión, recayó sobre los principales responsables del fraude, pero para amplios sectores de la sociedad resulta difícil aceptar que semejante despojo a la provincia tenga un castigo que, en los hechos, parece leve frente a la magnitud del daño causado.

Los cabecillas de esa organización criminal, con todas las características de una asociación ilícita, fueron -entre otros- el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex director de Planes, Ricardo Soiza, quien se movía como pez en el agua, salvo que (a diferencia de los peces) dejó huellas y (al igual que a los peces) lo pescaron. Estos y los otros delincuentes eran funcionarios del entonces gobernador Omar Gutiérrez.

Los hechos probados durante el proceso judicial describieron una operatoria sistemática, desarrollada entre 2020 y 2022 (justo en los años de la pandemia) mediante la cual desviaron fondos públicos que debían llegar a familias de escasos recursos. El uso de tarjetas de beneficiarios, el reparto de roles y la coordinación de acciones dejaron en evidencia un mecanismo organizado para robarle al Estado.

Pese a ello, los jueces ¬- Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita- descartaron la figura de asociación ilícita y optaron por condenar por administración fraudulenta agravada, lo que redujo sensiblemente el rango de penas posibles. De haberse aplicado la figura más grave, las condenas podrían haber alcanzado hasta diez años de prisión, una diferencia que hoy alimenta el reclamo de mayor dureza.

Ante este escenario, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Fiscalía de Estado anunciaron que apelarán las sentencias con el objetivo de lograr condenas más severas. En paralelo, avanzan las acciones para recuperar los cerca de 1.200 millones de pesos que fueron sustraídos a la provincia, un punto clave para reparar, al menos en parte, el daño provocado.

La expectativa ahora está puesta en que las instancias superiores revisen lo actuado y adecuen las penas a la gravedad del delito. Para una sociedad que reclama justicia y un Estado que busca dejar atrás la impunidad, cinco años de cárcel parecen poco frente a semejante despojo, y el desafío es que el fallo final esté a la altura del mensaje que Neuquén necesita.