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La Justicia rechazó un pedido de Tierra del Fuego contra la intervención del Puerto de Ushuaia
El Gobierno Nacional dictaminó una medida debido a “observaciones” por presuntos desvíos de fondos.
El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno fueguino para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Ejecutivo nacional.
Desde el Tribunal se argumentó que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.
También se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.
En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.
Qué dijo el gobernador fueguino
El gobierno de Tierra del Fuego había llevado este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad.
La administración provincial solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones.
Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026
No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión.
Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado.
El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un “acto irresponsable”.
La demanda argumenta que la resolución nacional es inconstitucional porque usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de recursos económicos propios.
