Determinan pena para condenado por abusar de una adolescente: cumplirá 10 años

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo solicitó que un hombre sea condenado a 13 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de una adolescente de su entorno familiar. Tras deliberar y evaluar agravantes y atenuantes, el tribunal finalmente le impuso una pena de 10 años.

Durante la audiencia realizada ayer, el Ministerio Público Fiscal recordó que el acusado, identificado por sus iniciales E.A.C., había sido declarado responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente, en modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la acusación, E.A.C abusó sexualmente de una adolescente de su círculo ífamiliar en reiteradas oportunidades, entre agosto y septiembre de 2024, en el domicilio donde convivían en Zapala, aprovechando su influencia sobre ella. Los hechos, afirmó la fiscal del caso, fueron cometidos mediante intimidación, lo que facilitó al condenado las condiciones para el sometimiento.

Para fundamentar el pedido de pena, Pizzipaulo remarcó como agravantes la diferencia de 29 años entre E.A.C. y la adolescente, la situación de vulnerabilidad de esta última, el carácter continuado de los abusos y la extensión del daño causado. En este sentido, destacó las consecuencias psicológicas sufridas por la víctima, quien atravesó un estado de temor persistente, aislamiento social y dificultades para sostener su escolaridad, lo que incluso derivó en la necesidad de acompañamiento terapéutico.

Como único atenuante, la fiscalía mencionó la falta de antecedentes penales del acusado.

Por su parte, la querella solicitó una pena de 15 años de prisión, mientras que la defensa pidió el mínimo de la escala penal, de 8 años, y cuestionó la valoración de los agravantes.

Determinación de la pena

Al momento de resolver, el tribunal —integrado por Leticia Lorenzo, Bibiana Ojeda e Ignacio Pombo— impuso 10 años de prisión efectiva. Para ello, consideró como agravantes el carácter continuado del delito, la diferencia etaria entre imputado y víctima, la presencia de más de una circunstancia agravante en la calificación legal y la extensión del daño causado.

Los jueces también evaluaron que las consecuencias del hecho en la víctima fueron acreditadas a partir del testimonio profesional incorporado en la audiencia, que dio cuenta de un cuadro de ansiedad, temor y pérdida de autonomía tras los hechos.

Como atenuante, el tribunal valoró la ausencia de antecedentes penales.

Además, dispuso la prórroga por 60 días de las medidas de protección vigentes, que incluyen la prohibición de acercamiento y de contacto del condenado con la víctima y su madre.