Lo que antes se toleraba, hoy se paga con el despido

El cambio de época ya no admite zonas grises. Aquello que durante años fue tolerado, naturalizado o directamente encubierto dentro del Estado -sobre todo por quienes gozaban de privilegios- hoy se ubica en el único lugar donde siempre debió estar: como causal de despido. No se trata de una persecución ni de una caza de brujas, sino de la recuperación de una lógica elemental que pone en valor el trabajo, la responsabilidad y el respeto por los recursos públicos.

Ese giro comenzó a tomar forma en diciembre de 2023, con la llegada de Rolando Figueroa al gobierno de Neuquén. Desde entonces, la llamada “tolerancia cero” frente a la indisciplina y los hechos de corrupción dejó de ser un eslogan para convertirse en una política concreta, sostenida y verificable. Los resultados están a la vista: una lista cada vez más extensa de ñoquis, indeseables y hasta delincuentes que durante la gestión anterior continuaban cobrando del Estado sin cumplir con sus funciones.

Durante años, en la administración pública neuquina se consolidó una cultura permisiva, donde las ausencias injustificadas, el incumplimiento sistemático y la falta de compromiso no solo no tenían consecuencias, sino que en muchos casos eran invisibilizados. Esa lógica, que perjudicaba tanto al funcionamiento del Estado como a los trabajadores que sí cumplían, comenzó a desmoronarse con la implementación de controles más estrictos y decisiones políticas firmes.

El caso que se conoció en el filo de la semana ilustra con claridad este cambio de paradigma. La cesantía de Jessica Yanet Colipan, quien se desempeñaba como auxiliar de depósito en el almacén central del Ministerio de Salud, no es un hecho aislado, sino parte de una política que apunta a sanear el Estado. Las auditorías detectaron una extensa lista de ausencias injustificadas a lo largo de 2022 y 2023, que se suman a antecedentes similares que se remontan incluso a más de una década.

Lo que hace aún más contundente este episodio es que no se trataba de una situación reciente o excepcional. Los registros oficiales dan cuenta de sanciones previas, suspensiones y descuentos salariales acumulados por faltas reiteradas desde al menos 2011. Incluso, al momento de ser convocada a declarar en el marco del sumario administrativo, la agente volvió a ausentarse, profundizando un patrón de conducta que ya resultaba insostenible.

La decisión de avanzar con la cesantía, y además activar mecanismos para recuperar los salarios percibidos indebidamente, marca un antes y un después. No solo se sanciona una conducta individual, sino que se envía un mensaje claro hacia adentro del Estado: el incumplimiento tiene consecuencias. La eventual intervención de la Fiscalía de Estado refuerza aún más esta señal, dejando en claro que el resguardo de los fondos públicos es una prioridad indeclinable.

Lo que está en juego no es solo la salida de una empleada que no cumplía con su trabajo, sino la reconstrucción de un principio básico: el Estado no puede ser refugio de privilegios injustificados. Lo que antes parecía normal para algunos, hoy es lo que siempre debió ser. Y en ese cambio, que incomoda a quienes vivían de la excepción, se apoya una transformación profunda que busca devolverle legitimidad y eficiencia a la administración pública neuquina.