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Cooperativa Viento Sur: extienden el plazo para investigar fraude al Estado
El pedido fue realizado por las defensas de los imputados Germán Chapino y Orlando Abel Di Luca, ambos exministros de Desarrollo Social de Neuquén.
Por pedido de las defensas de dos acusados y con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF), una jueza de garantías resolvió extender por cuatro meses el plazo de la investigación en una causa en la que se investiga una presunta defraudación agravada en perjuicio de la administración pública.
El pedido fue realizado por las defensas de los imputados Germán Chapino y Orlando Abel Di Luca, ambos exministros de Desarrollo Social de Neuquén, quienes advirtieron que no contaron con el tiempo suficiente para desarrollar su estrategia desde la formulación de cargos realizada el 4 de marzo de este año. En ese contexto, solicitaron que se otorgue un nuevo plazo de investigación a partir del vencimiento previsto para el 8 de abril.
Desde el MPF, la fiscal del caso Rocío Rivero y el asistente letrado Facundo Bernat indicaron que resta producir medidas de prueba relevantes para sostener la acusación, entre ellas el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes requeridos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.
La investigación ya tenía acusados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur por el presunto uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de un plan de acción y la acreditación de capacitaciones realizadas.
El 4 de marzo pasado fueron incorporados como imputados Chapino y Di Luca, a quienes se les atribuye haber autorizado pagos mensuales sin verificar esos requisitos y aceptar rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. Los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.
La maniobra se encuadró en los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso, en función del artículo 174, inciso 5 del Código Penal), en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) en el caso de los ex ministros.
Tras escuchar a las partes y teniendo en cuenta que se trata de un caso declarado complejo, la jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al planteo y dispuso la prórroga del plazo de investigación por cuatro meses para la totalidad de los imputados.
