Avanza la actualización del Protocolo Único de Intervención contra las Violencias

Durante su última reunión realizada en el Polo Integral de Mujeres y Diversidad, la Comisión Interinstitucional que reúne a los organismos públicos con competencia en situaciones de violencia familiar y por motivos de género finalizó la incorporación de aportes al nuevo Protocolo Único de Intervención contra las Violencias.

La Comisión Interinstitucional de las leyes provinciales N°2785 y N°2786 concluyó una nueva etapa de trabajo en el proceso de revisión y actualización del protocolo. Durante la jornada, los organismos participantes consolidaron y acordaron un documento que reúne los aportes construidos de manera conjunta en los últimos años, con el objetivo de actualizar los circuitos estatales de asistencia y adecuarlos a la normativa vigente y a la actual organización institucional.

Entre las principales modificaciones se destaca la incorporación del recorrido institucional que se realiza al ingresar una denuncia o pedido de asistencia por la ley N°2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Hasta el momento, el protocolo contemplaba únicamente los circuitos de actuación previstos por la Ley N°2785 de Violencia Familiar. La actualización permitirá establecer criterios comunes para la intervención estatal frente a distintas modalidades de violencia, incluyendo aquellas que ocurren en ámbitos institucionales, laborales, obstétricos y en espacios públicos.

Otro de los aspectos incorporados refiere al acompañamiento y abordaje de los varones que ejercen violencias. En este sentido, se sumaron lineamientos orientados a la revisión de conductas y al desarrollo de procesos de intervención específicos a través del Dispositivo de Atención a Varones, organismo provincial que ofrece espacios individuales y grupales destinados a promover cambios en las conductas violentas.

Asimismo, se fortaleció la articulación con organismos de competencia indirecta para las etapas posteriores a la situación de crisis. El nuevo protocolo contempla acciones destinadas a garantizar el acceso a herramientas y recursos que contribuyan a sostener la autonomía económica, social y habitacional de las personas que atraviesan situaciones de violencia.

En este sentido, los ministerios de Educación; Trabajo y Desarrollo Humano; y Juventud, Deportes y Cultura tendrán un rol de articulación directa con el organismo de aplicación, el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, para acompañar la construcción y consolidación de proyectos de vida libres de violencias. Su intervención buscará facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo personal y comunitario, promoviendo no solo la autonomía económica, sino también el bienestar emocional, la participación ciudadana, el acceso al deporte, la recreación y la cultura.

La Comisión Interinstitucional está integrada, por parte del Poder Ejecutivo, por los ministerios de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos; Seguridad; Salud; Trabajo y Desarrollo Humano; Educación; y Juventud, Deportes y Cultura. En representación del poder judicial participan la Oficina de Violencia, la Defensoría Civil, la Defensoría de los Derechos del Niño, el Ministerio Público de la Defensa, el Juzgado de Familia, Juzgado Laboral y Dirección de Justicia de Paz.

A través de este protocolo, los organismos participantes definen y coordinan roles y responsabilidades para fortalecer la respuesta institucional y garantizar una intervención integral frente a las situaciones de violencia por motivos de género y violencia familiar.