Reina informó en el recinto sobre el régimen de asistencias de los diputados y la ley de narcotest 

La vicepresidenta 1ª a cargo de la Presidencia de la Legislatura provincial, Zulma Reina (Comunidad), bajó hoy a su banca de diputada para responder de manera integral a las consultas de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A). Durante su intervención, la legisladora brindó precisiones detalladas sobre el funcionamiento del sistema automático de control de ausencias y el estado normativo de la ley de narcotest.

Reina fundamentó la decisión de intervenir desde su banca en la necesidad de “resguardar la institución parlamentaria por sobre todas las cosas”. En ese sentido, advirtió que ambos requerimientos de información surgieron a partir de la inquietud de un solo legislador, sin haber integrado el orden del día ni haber sido puestos a consideración formal del resto de los integrantes de la comisión previo a su remisión.

También destacó que se trata de dos temas de gran relevancia y que por ese motivo consideró fundamental responder de cara al cuerpo y de manera pública.

Control estricto y automatización de asistencias

Respecto al régimen de descuentos por inasistencias, la presidenta a cargo aclaró que la Cámara cuenta con mecanismos rigurosos regulados por los artículos 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interno, complementados por la Resolución 1208 aprobada en 2024, la cual fija los porcentajes de quita en las dietas.

Explicó que la implementación de los descuentos requirió un proceso de adecuación administrativa por parte de la Secretaría de Cámara -autoridad competente del control- para contemplar particularidades operativas, tales como el funcionamiento y dinámica de los bloques unipersonales.

En la actualidad, Reina detalló que existe un sistema informático de desarrollo propio, diseñado por la Dirección de Informática de la Legislatura, que cruza de forma automática los datos de la Sala de Comisiones, los partes de la Dirección General Legislativa y el registro de Taquígrafos en las sesiones, operando de manera inmediata ante la ausencia de un legislador.

“Si hasta el momento no se han efectivizado descuentos, es porque no correspondía aplicarlos. Todas las ausencias registradas están debidamente justificadas mediante certificados médicos o comisiones de servicio informadas, tal como exige el reglamento. No vamos a dejar pasar ninguna ausencia sin justificar, y toda esta información es de carácter público y está a disposición de quien la requiera”, enfatizó la diputada.

Ley de Narcotest: un llamado a la responsabilidad voluntaria

Al abordar la Ley de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para la función pública (aprobada por el cuerpo en septiembre de 2025), Reina ratificó la plena vigencia de la norma y su alcance sobre los diputados y diputadas provinciales. Sin embargo, marcó que la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado, la cual designó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, no incluyó a los poderes Legislativo y Judicial.

La legisladora planteó interrogantes clave que el cuerpo debe resolver de forma colectiva para evitar la discrecionalidad: quién asumirá la autoridad de aplicación interna, qué estructura sanitaria realizará los controles y, fundamentalmente, qué sanciones institucionales corresponderían ante un eventual incumplimiento.

“En el Poder Ejecutivo existe la figura de la cesantía, pero en este Poder, ¿quién determina la sanción de un diputado que se niega? ¿Cómo voy yo, en mi rol de par y compañera de ustedes, a reglamentar de manera unilateral algo que por derecho le corresponde definir a todo el cuerpo?”, interpeló.

Para resolver el aspecto formal, propuso el envío de un proyecto de resolución para que sea la Comisión de Salud de la propia Legislatura la que dicte la reglamentación interna y determine el procedimiento y las sanciones.


No obstante, Reina lanzó una convocatoria a sus pares:

“¿Necesitan los señores y las señoras diputadas una reglamentación para cumplir con una ley que ya está vigente?”, preguntó e instó a que, si existe una preocupación real por este tema, en menos de 24 horas concurran voluntariamente a un hospital o laboratorio público o privado, soliciten el examen toxicológico completo y lo abonen de su propio bolsillo.