Denunció años de hostigamiento laboral y rechazaron su caso: la Cámara ordenó que sea escuchada

Una mujer que se desempeña en un instituto de formación docente de Zapala denunció a su director por violencia de género y aseguró que desde hacía aproximadamente dos años y medio sufría situaciones de hostigamiento, maltrato psicológico y persecución laboral. El planteo fue rechazado en primera instancia, pero la Cámara Provincial de Apelaciones revocó esa decisión por mayoría.

La denunciante sostuvo que el conflicto excedía una discusión administrativa y relató, entre otros episodios, que el director la habría perseguido desde un laboratorio hasta una galería mientras gritaba y realizaba ademanes agresivos frente a colegas y estudiantes. También afirmó que se utilizaron herramientas propias de la estructura jerárquica para desacreditarla y amedrentarla.

El juzgado que intervino inicialmente entendió que los hechos correspondían a un conflicto administrativo y disciplinario que debía canalizarse por otras vías, y desestimó la denuncia presentada. La mujer presentó una apelación cuestionando que el expediente se hubiera cerrado sin producir pruebas, convocar testigos ni escuchar a las partes.

Gritos, hostigamiento y una disputa por el ejercicio de la autoridad

En el recurso la denunciante afirmó que había acudido a la Justicia con la finalidad de detener un hostigamiento que padecía a diario. Uno de los hechos que destacó fue el que ocurrió en el laboratorio del instituto. Para la mujer, no se trató de una simple discrepancia laboral, sino de un episodio de amedrentamiento y humillación pública.

También sostuvo que existía una relación desigual de poder derivada de la jerarquía laboral y que esa posición era utilizada para perseguirla y desacreditar su capacidad profesional.

Para la mayoría de la cámara, cerrar el expediente fue apresurado. El voto mayoritario de los camaristas fue que el juez de primera instancia se había “apresurado” al rechazar la presentación desde el comienzo. Asimismo que, frente a hechos denunciados en el ámbito laboral, correspondía permitir que el procedimiento avanzara, que la mujer pudiera producir la prueba ofrecida y que la otra parte ejerciera su derecho de defensa. 

La resolución no determina que los hechos de violencia denunciados hayan ocurrido ni responsabiliza al director. Lo que decidió la Cámara es que el caso no podía ser cerrado de manera anticipada y sin realizar previamente las medidas mínimas previstas por el procedimiento. Por esa razón debía volver al juzgado de origen.