Comisión interpoderes: nueva mesa de trabajo en el marco del futuro Código Procesal de Familia para Neuquén

Lo hizo con la presencia de la experta Mariel Molina de Juan, encargada de elaborar un anteproyecto con los aportes de los actores que participan del debate de la reforma. 

La reunión fue encabezada por el diputado Ernesto Novoa, presidente de la comisión interpoderes, y la diputada Cielubi Obreque, secretaria del cuerpo. También participaron la coordinadora de la Subcomisión de Familia, Aylén Martín Aimar, y los abogados Ramiro Benítez y Victoria Rezzónico, en representación de la presidencia de la Legislatura. 

Al inicio de la reunión, la jurista Molina de Juan presentó la propuesta para regular en el futuro Código el procedimiento de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Explicó que se aplica ante situaciones en las que una persona menor de edad es trasladada a otro país o permanece allí de manera ilícita y se requiere resolver su regreso. Si bien señaló que en Neuquén no son casos frecuentes, remarcó la necesidad de contar con un procedimiento específico por los derechos involucrados y la urgencia que requieren este tipo de situaciones.

La especialista indicó que la propuesta toma como base el proyecto elaborado originalmente con algunos cambios respecto de la regulación provincial vigente. Entre ellos, prevé derogar disposiciones que regulan el trámite del recurso extraordinario, al considerar que no corresponde que una norma procesal provincial avance sobre esa materia. Aclaró que, más allá de esas modificaciones, se mantienen los principales lineamientos del procedimiento actual.

Asimismo, durante la jornada, la jurista manifestó que en esta etapa también se debatirán los denominados procesos "especiales”. En dicho marco, se analizaron distintas cuestiones relacionadas con la ley provincial 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

De parte de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Mónica Palomba, destacó la labor del organismo en el abordaje del conflicto de manera extrajudicial, es decir, agota las instancias previas al pedido de una medida excepcional. Ello implica “una labor muy fuerte” con órganos especializados y equipos interdisciplinarios. Sostuvo que la Defensoría tiene en la actualidad 10 mil casos activados previo a la judicialización en la región Confluencia. 

Finalmente se inclinó a favor de una modificación de la ley provincial orientada a implementar un sistema adversarial y oral para acelerar el tratamiento inmediato de jueces y juezas. “Afectar una garantía como lo es la convivencia familiar de un niño amerita que un juez de familia tome intervención directa”, concluyó. 

En representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, la jueza Eliana Fortbetil se pronunció a favor de que el Poder Ejecutivo fundamente la medida y participe como parte del proceso, mientras que la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente podría mantener una intervención activa. La magistrada consideró que ese mecanismo permitiría diferenciar a quien adopta la decisión de quien posteriormente controla su legalidad.

A su turno, la ex jueza de Familia y representante de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Gabriela Ávila, coincidió en la necesidad de establecer reglas procesales claras y recordó las dificultades que generó articular la ley 2302 con las modificaciones introducidas posteriormente por el Código Civil y Comercial.

Desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Moira Revsin se pronunció a favor de revisar el sistema vigente, sin desconocer el carácter innovador que tuvo la ley 2302 en materia de protección de derechos. También hizo referencia a la mayor presencia territorial de los organismos del Ejecutivo, especialmente en el interior provincial, como un aspecto relevante para la intervención ante situaciones de vulneración de derechos.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) planteó evitar una discusión reducida a mantener o reemplazar la ley 2302 y propuso analizar qué aspectos del sistema provincial deben conservarse y cuáles necesitan modificaciones. “Creo que tenemos que salir de las falsas dicotomías”, sostuvo, y consideró que la Defensoría y el organismo de aplicación de la ley 2302 deberían acordar una propuesta para someterla a consideración judicial.

El legislador también cuestionó que el Poder Ejecutivo quede reducido al rol de ejecutor de decisiones judiciales y consideró necesario revisar la distribución de responsabilidades entre los distintos organismos. 

Al respecto, Marcelo Iñiguez -presidente del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén- aseguró que en los orígenes de la 2302 “la Defensa se fortaleció porque era la doctrina de la protección integral” pero advirtió que en la actualidad “se entremezcla política pública con competencias judiciales”.

Al concluir el encuentro, Molina de Juan dijo que “la única forma de alcanzar un buen Código es que se escuchen todas las voces”, al informar que recibió los aportes de distintos operadores judiciales y bloques políticos. La jurista calificó de “clave” los tema de debate de la jornada de hoy en el acceso a la justicia de las infancias y adolescencias y de “pionera y revolucionaria” la ley 2302 en la provincia que, según dijo, sentó el camino para mejorar incluso las normativas de otras provincias y la ley nacional en la materia.

Participaron de la reunión los diputados Damián Canuto, Francisco Lepore, Carlos Coggiola y Gabriel Álamo y las diputadas Gisselle Stillger, Carina Riccomini y Ludmila Gaitán; las representantes del Poder Ejecu tivo, María Laura du Plessis y Nadia Carolina de Lourdes Casal.