El Senado dio media sanción a la nueva Ley de Glaciares, clave para el futuro de la toda Patagonia
Actualizada 00.20
El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.
LA CONTROVERSIA: El oficialismo busca inversiones extranjeras para explotar los recursos patagónicos con proyectos de megaminería.
La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.
En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
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El Senado debatía este jueves las reformas a la ley de Glaciares, un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podría haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.
El oficialismo encaró el debate por la ley de Glaciares después de haber aprobado por amplia mayoría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Glaciares
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como una iniciativa alternativa de la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto del Gobierno introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.