Pagarán $5 millones y harán tareas comunitarias por intento de extorsión
El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat solicitaron la suspensión de juicio a prueba para cinco hombres acusados por un intento de extorsión a un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario.
El planteo fue admitido por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia realizada hoy, en la que se fijó el monto de la reparación económica y las pautas de conducta que deberán cumplir, entre ellas la prohibición de acercamiento respecto de la víctima.
El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le manifestó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en alusión a un contacto telefónico previo en el que se identificó como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y exigió el pago de $4.000.000 para permitir que continuara la construcción del galpón.
De acuerdo con la teoría del caso, tras la negativa de la víctima, el hombre se retiró y regresó dos horas más tarde junto al resto de los imputados, ocasión en la que reiteraron la exigencia económica. Ante la situación, se dio aviso a la policía, que demoró a tres de los involucrados en el lugar e impidió que la maniobra se concretara.
El delito fue calificado como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores.
Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir diversas reglas de conducta.
La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.; 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; y 1 año para L.A.A. y E.F.A.C.
Entre las reglas impuestas se encuentran fijar y mantener domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, y no mantener contacto ni acercamiento con la víctima. En caso de incumplimiento o de comisión de un nuevo delito, el beneficio será revocado y el proceso continuará hacia el juicio.
Los nombres completos de los imputados se mantienen en resguardo debido a que, si cumplen las condiciones impuestas durante el plazo de suspensión, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.