Vendía drogas desde una casa y tenía armas: fue condenado a 4 años de prisión efectiva

A menos de 20 días de un allanamiento en el que se encontraron drogas y armas, un hombre acusado por la fiscal del caso Silvia Moreira y por el asistente letrado Pablo Jávega fue condenado a 4 años de prisión efectiva.

La condena se conoció a partir de un procedimiento abreviado mediante el que el imputado reconoció su responsabilidad. En el mismo proceso, una mujer admitió su participación en el hecho y recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

El hecho investigado ocurrió entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en una vivienda de Rincón de los Sauces, donde funcionaba un punto de venta de drogas. Según la acusación, el principal imputado, Facundo Aníbal Navarro, vendía cocaína y otras sustancias a distintas personas que concurrían al lugar, mientras que María Pía Narváez colaboraba en tareas de fraccionamiento y comercialización.

La investigación incluyó tareas de vigilancia en las que se registraron al menos 24 operaciones compatibles con la venta de estupefacientes. Además, se constató que los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

Durante un allanamiento realizado el 13 de marzo, la policía secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, más de $2,6 millones en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para el disparo.

Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Navarro y de partícipe secundaria para Narváez, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.

El acuerdo fue presentado en una audiencia realizada ayer ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien lo homologó luego de que ambos imputados admitieran los hechos.

Como resultado, Navarro fue condenado a 4 años de prisión efectiva y al pago de una multa, mientras que Narváez recibió una pena de 3 años de prisión condicional, con reglas de conducta como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante control judicial, no consumir estupefacientes y acreditar trabajo o estudios.

Además, el acuerdo de condena impulsado por Moreira y Jávega incluyó el decomiso del dinero, los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, así como el mantenimiento de la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.