MPF pidió suspender los plazos en la causa de planes sociales: el juez lo rechazó
El Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión de los plazos procesales en la causa por asociación ilícita y estafas con planes sociales, al advertir que el proceso podría vencerse antes de que se resuelvan las impugnaciones. El juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el planteo por considerar que no tiene sustento legal y que fue formulado de manera prematura.
El pedido fue realizado durante una audiencia de control de la investigación, en la que el fiscal del caso Juan Narvaez, con la adhesión del representante de la Fiscalía de Estado Gustavo Kohon, expusieron que, debido a la complejidad del caso y a los tiempos fijados para la audiencia de impugnación —prevista para fines de julio—, se genera un período de inactividad de aproximadamente cinco meses. Según precisó Narváez, esa demora, sumada a otros lapsos sin actividad jurisdiccional, pone en riesgo el cumplimiento del plazo máximo del proceso, que vence en noviembre de 2026. Por ese motivo, solicitó suspender el cómputo de los plazos hasta el inicio de la audiencia ante el Tribunal de Impugnación.
La fiscalía sostuvo que la causa, iniciada en 2022 y declarada como asunto complejo, implicó el análisis de una gran cantidad de información, pericias contables e informáticas y la intervención de múltiples imputados, lo que excede las previsiones del legislador al fijar los plazos procesales. Además, indicó que la demora en la fijación de la audiencia de impugnación responde a cuestiones operativas del sistema judicial y no a las partes.
El planteo fue acompañado por la querella institucional, pero rechazado por las defensas, que señalaron que no existe una norma que habilite la suspensión de plazos en estas condiciones, que el pedido es abstracto porque aún no hay vencimiento y que la cuestión debe analizarse en su momento, si efectivamente ocurre.
Al resolver, el juez Giorgetti consideró que la solicitud carece de “anclaje legal”, ya que las normas invocadas por la fiscalía refieren a supuestos distintos, como la reposición de plazos vencidos o prórrogas acordadas entre partes. También remarcó que no corresponde adelantar un análisis sobre el plazo total del proceso cuando el eventual vencimiento aún no se produjo.
También advirtió que la medida solicitada podría afectar derechos de los imputados, en particular de aquellos que se encuentran con prisión domiciliaria, ya que implicaría paralizar el proceso. Así, el magistrado resolvió rechazar el pedido de suspensión de los plazos y dispuso continuar con el trámite del caso en las condiciones actuales.
Condenas
En diciembre pasado, un tribunal fijó penas para doce personas por las estafas cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza recibieron 5 años de prisión efectiva, mientras que otros imputados fueron condenados a penas de entre 3 y 4 años y medio, algunas de cumplimiento efectivo y otras condicional. Además, se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.