Llevaban cocaína para vender y uno atacó a un policía: los imputaron

La fiscal del caso Silvia Moreira formuló cargos a un varón y a una mujer por tener droga destinada a la venta y, en el caso del primero, por intentar atacar con un cuchillo a un policía durante el procedimiento. Además, solicitó medidas de coerción y planteó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El hecho ocurrió el 19 de abril por la noche, cuando personal policial interceptó un automóvil en la zona de calles Doctor Ramón y Picún Leufú, tras una alerta de vecinos que advertían que el conductor forcejeaba con una mujer. Al acercarse, un efectivo observó envoltorios sospechosos a simple vista y, al ser consultado, el conductor extrajo un cuchillo para impedir el accionar policial.

Mientras era reducido, la mujer ocultó la droga dentro del rodado. Luego, en la requisa, se hallaron casi 96 gramos de cocaína —parte fraccionada en dosis—, además de una balanza de precisión, recortes de nylon, bicarbonato como sustancia de corte, dinero en efectivo y proyectiles calibre 32.

La fiscal del caso calificó el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y en el caso del imputado también como atentado a la autoridad agravado. Para sostener la acusación, destacó que la droga estaba distribuida en distintos envoltorios y en poder de ambos, junto con elementos típicos de fraccionamiento y venta, lo que —según planteó— excede el consumo personal. También valoró la conducta desplegada durante el procedimiento: el intento de agresión con el arma blanca y el ocultamiento de la sustancia.

Al requerir las medidas, Moreira remarcó que se trata de un caso de flagrancia, que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y que existen indicios de que los imputados podrían integrar una cadena de comercialización más amplia, con posibles partícipes aún no identificados. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de resguardar la investigación y evitar influencias sobre testigos.

Por pedido de la fiscal, el juez de garantías Raúl Aufranc fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y ordenó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, con custodia policial hasta su colocación. Además, dispuso el embargo del vehículo y de cuentas vinculadas a los imputados, con excepción de una cuenta destinada al cobro de cuota alimentaria, que deberá ser verificada.