Gestión de conflictos ambientales: la fiscalía neuquina, a la vanguardia con un protocolo único en el país

En un paso histórico, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formalizó el lanzamiento del Protocolo para la Gestión de Conflictos Ambientales con Enfoque Restaurativo. El documento —único en su tipo en el país y centrado en el diálogo y la reparación del daño— es el resultado de un trabajo conjunto entre la fiscalía de Delitos Ambientales y la Oficina de Mediación y Conciliación del organismo.

Esta iniciativa cristaliza un proceso que tiene como antecedentes encuentros entre los y las integrantes de la Fiscalía de Delitos Ambientales y la Oficina de Mediación y Conciliación para trabajar sobre diversos casos surgidos en los últimos años. Y, durante el Encuentro Anual de Mediadores y Conciliadores Penales de febrero de este año, se definieron los lineamientos para abordar las situaciones derivadas desde la fiscalía especializada en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

De este modo, el MPF integra más de una década de experiencia en métodos alternativos de resolución de conflictos con los principios más avanzados del derecho ambiental internacional.

La implementación de esta herramienta, aprobada mediante el Instructivo 27 firmado por el fiscal general José Gerez, responde a la necesidad de abordar controversias complejas que suelen involucrar a múltiples partes con distintas posiciones y relaciones de poder.

Según destacó Cecilia Basterrechea, subdirectora provincial de Mediación y Conciliación del MPF, “el Código Procesal Penal de Neuquén establece el deber de buscar la solución integral del conflicto, permitiendo trabajar más allá de la mera imposición de una pena como castigo”. En este sentido, planteó que el enfoque restaurativo “garantiza que los abordajes se planifiquen minuciosamente según la complejidad de cada caso, teniendo siempre como principio rector el orden público ambiental”.

Innovación y compromiso legal

El protocolo se sustenta en un amplio marco normativo que incluye el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y las leyes provinciales 1875 y 2879. A diferencia de los procesos tradicionales, este modelo prioriza:

• Equidad intergeneracional: Soluciones que protejan los recursos para las generaciones futuras.
• Prevención y reparación: Fomento de la recomposición del daño antes de agotar la instancia penal.
• Acceso a la justicia: Procesos voluntarios y flexibles conducidos por profesionales neutrales.

El documento establece una hoja de ruta clara: desde la derivación del caso por parte de la fiscalía hasta la evaluación de viabilidad por el equipo de Mediación y Conciliación. Este proceso incluye un análisis de los actores implicados y la participación de la comunidad afectada, garantizando transparencia y cooperación.

Con esta herramienta, el MPF no solo cumple con su normativa interna, sino que se proyecta como un referente federal, demostrando que la paz social y la protección del ambiente son objetivos inseparables.

“Este esfuerzo denota el compromiso de adaptarnos a las necesidades de intervención según la especialidad, garantizando que el tratamiento de los recursos naturales se realice bajo estándares de participación comunitaria”, concluyó Basterrechea.