Formulan cargos a ocho personas que vendían droga en Junín de los Andes
El fiscal jefe Gastón Ávila, y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en la localidad de Junín de los Andes. Fue tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.
Los imputados son M.A.A., M.R.A., A.H.R., T.F.G., J.D., E.A., R.G.E.M. y M.F.C., y los delitos que el representante de la fiscalía les atribuyó son comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambos agravados por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 los acusados comercializaron droga de manera organizada, con una división de tareas definida. M.A.A. y M.R.A. encabezaban la estructura: conseguían clorhidrato de cocaína, lo fraccionaban y lo distribuían entre los demás integrantes para su venta.
La organización utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización. Inicialmente operaron en una vivienda de calle Los Maitenes y luego en otra de calle 25 de Mayo y, finalmente, en una casa del barrio Nehuenche.
Según la investigación, los vendedores, T.F.G., J.D., E.A. y M.F.C recibían la droga y la fraccionaban en dosis para su venta directa. Para ello utilizaban balanzas de precisión, envoltorios de nylon y otros elementos. Parte del dinero obtenido era transferido a M.A.A. mediante billeteras virtuales.
Además, a R.G.E.M. se le atribuye haber facilitado su vehículo para el traslado de la droga y haber extendido la actividad a la ciudad de San Martín de los Andes.
Durante allanamientos realizados el pasado 2 de mayo, la fiscalía secuestró un total de 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína en distintos domicilios vinculados a los imputados, además de dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento.
En los procedimientos también se incautaron armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal. Por este motivo, a R.G.E.M. se le imputaron los delitos de tenencia de armas de fuego de guerra —dos hechos— y tenencia de arma de fuego de uso civil, en concurso real; y a T.F.G. se le atribuyó la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
La jueza de garantías Vanesa Macedo Font, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía.
Medidas cautelares
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que M.A.A., M.R.A., T.F.G. y R.G.E.M. queden bajo prisión domiciliaria por el plazo de dos meses.
Para M.F.C., J.D. y E.A., Ávila y Sura pidieron la imposición de medidas cautelares: comparendos periódicos y la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación.
En el caso de E.A.R., los funcionarios del MPF requirieron además la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización y la obligación de presentarse diariamente en una sede de Gendarmería.
La jueza de garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria y, de manera subsidiaria, dispuso para M.A.A., M.R.A., T.F.G. y R.G.E.M. las mismas medidas que fijó para los otros imputados: la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación y la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización.
Tras la decisión de la magistrada, los representantes de la fiscalía solicitaron la revisión de la resolución en cuanto al rechazo de las prisiones domiciliarias.