Tras años de negociación, reparará con $12 millones a la víctima de un choque
Un hombre imputado por causar lesiones graves a un motociclista en un siniestro vial acordó reparar económicamente a la víctima con 12 millones de pesos y cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años, en el marco de una propuesta consensuada entre la defensa, el fiscal del caso Andrés Azar y la querella, que fue homologada por un juez de garantías.
El hecho ocurrió el 15 de abril de 2023, cerca de las 16:50, en la intersección de las calles Mosconi y Linares de la ciudad de Neuquén. Según la acusación presentada por la fiscalía, H.E.V conducía un automóvil cuando atravesó el cruce sin respetar la luz roja del semáforo y colisionó con una moto que circulaba con prioridad de paso.
Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura en el brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento de recuperación. Los informes médicos determinaron que las lesiones demandaron más de 60 días de curación e incapacidad laboral, motivo por el cual el hecho fue calificado como lesiones graves culposas doblemente agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por la violación de la señalización semafórica.
Reparación
La propuesta presentada por la defensa prevé una reparación económica total de $12 millones a favor de la víctima, que será abonada en 24 cuotas mensuales.
Al fundamentar su postura, Azar explicó que el expediente atravesó numerosas instancias de mediación y negociación a lo largo de los años. Señaló que hubo múltiples intentos para alcanzar una solución consensuada y destacó que, finalmente, se logró un acuerdo que permite resolver el conflicto. También remarcó que el imputado no registra antecedentes penales condenatorios y sostuvo que esas circunstancias justificaban acompañar el pedido de suspensión del proceso a prueba.
El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que, si bien habitualmente no acompaña la sustitución de la inhabilitación para conducir prevista para este tipo de delitos, las particularidades del caso permitían avalar que esa exigencia fuera reemplazada por la realización de un curso de manejo defensivo. Entre esos aspectos, hizo referencia al tiempo transcurrido desde el hecho, los reiterados intentos de conciliación y la ausencia de antecedentes del imputado.
La víctima, representada por un querellante particular, prestó conformidad con el acuerdo alcanzado. Durante la audiencia, su abogado destacó el trabajo realizado para arribar a una solución consensuada y acompañó las condiciones pactadas entre las partes.
Antes de que se resolviera el planteo, H.E.V tomó la palabra y pidió disculpas por lo ocurrido.
Suspensión
Al homologar el acuerdo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo señaló que el objetivo de este tipo de mecanismos es gestionar de la mejor manera posible los conflictos derivados de un presunto delito, y consideró que en el caso estaban reunidos todos los requisitos legales para conceder el beneficio.
Además de la reparación económica, H.E.V deberá realizar un curso de manejo defensivo, cumplir 96 horas de tareas comunitarias, presentarse cada dos meses ante Población Judicializada, fijar y mantener domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.
El juez advirtió que, si incumple cualquiera de las reglas impuestas o comete un nuevo delito durante el plazo de dos años fijado para la suspensión del proceso, el beneficio será revocado y la causa retomará su curso hacia la etapa de juicio.