Fijan condenas por estafas con venta de vehículos y reparan a las víctimas

Un juez de garantías homologó este miércoles los acuerdos de condena presentados por el fiscal del caso Juan Narvaez, quien intervino junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, en una investigación por múltiples estafas vinculadas a la falsa venta de vehículos. En la misma audiencia, el magistrado también dispuso una suspensión de juicio a prueba para uno de los imputados.

Las condenas alcanzan a D.E., quien recibió 3 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos de estafa; F.G.E., condenado a 3 años de prisión condicional por 8 hechos; y G.E.E., sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por 6 hechos.

En tanto, R.M.E. accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años y, en caso de cumplir con todas las pautas fijadas, no registrará antecedentes penales.

Como parte del acuerdo, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para decomisar más de $33.000.000 secuestrados durante la investigación y una camioneta Toyota Hilux utilizada en una de las maniobras. El vehículo será subastado y el dinero obtenido se sumará a los fondos incautados para integrar un esquema de reparación. Luego de una pericia contable, ese monto será distribuido entre las víctimas en forma proporcional al daño sufrido. Si bien el fiscal Narvaez advirtió que los bienes no alcanzan a cubrir la totalidad del perjuicio económico, permitirán una reparación parcial.

El acuerdo incluyó nueve hechos atribuidos en la audiencia de formulación de cargos del lunes, además de dos legajos previos que ya contaban con acusación formal, uno de ellos con requerimiento de apertura a juicio. Según se informó, todas las víctimas fueron notificadas y prestaron conformidad con la solución alcanzada, en el marco del mecanismo de reparación patrimonial previsto en el acuerdo.

Respecto de R.M.E., la suspensión de juicio a prueba por dos años incluye reglas de conducta, entre ellas el pago de una donación mensual de $50.000 a la cooperadora del Hospital Castro Rendón, lo que totaliza $1.200.000.

La resolución fue homologada por el juez de garantías Luciano Hermosilla, quien a partir de un pedido de la defensa, resolvió que en la difusión del caso por parte de las oficinas de prensa del Poder Judicial, se reserve la identidad de las personas condenadas. En la audiencia, el magistrado también aclaró que no puede impedir que la información sea difundida por otros medios.

La maniobra

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los imputados desplegaron un esquema reiterado de estafas mediante la publicación de vehículos —principalmente camionetas— en redes sociales y plataformas de compraventa, utilizando identidades falsas o perfiles de terceros.

Tras contactar a las víctimas, las convocaban a viajar a Neuquén para concretar la compra.

En ese contexto, exhibían vehículos y documentación para generar confianza, recibían el dinero y luego alegaban supuestos inconvenientes administrativos vinculados a la AFIP o al Registro del Automotor para justificar la falta de transferencia. Con ese argumento, postergaban la entrega de los vehículos hasta interrumpir completamente el contacto, dejando a las víctimas sin las unidades adquiridas.

Reglas

Los condenados (D.E., F.G.E. y G.E.E.) deberán cumplir durante 3 años (salvo G.E.E., cuya condena y reglas son por 2 años y 6 meses) la obligación de fijar y mantener residencia e informar de manera previa cualquier cambio o ausencia prolongada de la provincia; presentarse cada tres meses ante la Dirección de Personas Judicializadas, no abusar de bebidas alcohólicas y no consumir estupefacientes; y no cometer nuevos delitos. Si cometen un nuevo hecho, la condicionalidad de la pena podría caer y pasarían a cumplir la prisión de forma efectiva.