Microtráfico de drogas: 11 imputados, casas clausuradas y exclusión de los barrios

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a 11 personas por comercializar drogas en diversos puntos de la ciudad de Neuquén, y solicitó que les impongan medidas cautelares como la prisión domiciliaria, la prohibición de volver a los barrios donde vendían y la clausura de algunas de las viviendas allanadas.

Las imputaciones las realizó la fiscal del caso Silvia Moreira, tras una serie de allanamientos que llevó adelante en conjunto con el personal del departamento de Antinarcóticos de la Policía provincial durante el fin de semana, y que autorizó un juez de garantías.

El viernes último por la tarde, la fiscal atribuyó a cuatro hombres, F.E.S, P.L.H, A.D.L y S.A.A, comercializar estupefacientes de manera organizada en al menos dos viviendas del barrio Cuenca XV. Planteó que la actividad la desarrollaron al menos entre el 20 de mayo y 27 de agosto de 2026, en distintos horarios con personas que se acercaban a adquirir los estupefacientes en las bocas de expendio. "Los cobros se hacían mediante pagos en efectivo o billeteras virtuales", puntualizó.

Durante el operativo del MPF y la Policía provincial, en las viviendas utilizadas por los acusados se encontraron 84 gramos de clorhidrato de cocaína y 61 de cannabis sativa, además de dinero en efectivo.

A estas cuatro personas, les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas, en carácter de coautores.

Como medida cautelar, se estableció por dos meses y mientras avanza la investigación, la detención domiciliaria de P.L.H, A.D.L y S.A.A, con consigna policial hasta la colocación de las tobilleras electrónicas a cada uno de ellos, junto con la prohibición de tener cualquier tipo de contacto con los testigos del caso; y, en el caso de F.E.S, se estableció la prohibición de ingresar al barrio Cuenca XV.

Además se dispuso la clausura de un inmueble ubicado en la calle Delegados Territoriales Neuquinos.

En tanto, el sábado por la tarde, Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos contra otras siete personas, a quienes atribuyeron integrar una organización familiar dedicada a la comercialización y fraccionamiento de cocaína y marihuana en distintos domicilios del barrio Cuenca XV y sectores aledaños.

La actividad, según la acusación, se extendió al menos desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026, con una división de roles entre sus integrantes y puntos de venta que funcionaban de manera coordinada. Los compradores podían ser derivados de una vivienda a otra y los pagos se realizaban en efectivo o mediante billeteras virtuales.

En los allanamientos realizados el 27 de agosto se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, balanzas de precisión, anotaciones con precios y nombres, dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares y pesos chilenos, además de armas de fuego y municiones.

La fiscalía atribuyó a las siete personas el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. La acusación fue formulada contra J.A.Y., C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S.  En el caso de O.G.F.S. y M.E.M., sumó el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego, en concurso real.

Como medida de coerción, la fiscalía solicitó cuatro meses de detención domiciliaria para los siete imputados, en domicilios alternativos ubicados fuera de Cuenca XV, con monitoreo mediante tobilleras electrónicas. Hasta su colocación, se dispusieron controles policiales con al menos tres rondines diarios sorpresivos. También pidió la prohibición absoluta de contacto durante cuatro meses con los testigos de identidad reservada y vecinos denunciantes.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar a la formulación de cargos y abrió la investigación por cuatro meses, con vencimiento el 29 de diciembre de 2026. Además, dispuso la detención domiciliaria de los siete imputados en domicilios ubicados en otros barrios y prohibió que mantengan contacto con los cinco testigos señalados por la fiscalía.

En el caso de M.E.M., el juez limitó la imputación como adulto al período posterior al 23 de mayo de 2026, fecha en la que cumplió 18 años. También ordenó la colocación de tobilleras electrónicas y, hasta tanto se encuentren operativas, controles policiales.

Respecto de las viviendas, prorrogó por cuatro meses la clausura del domicilio de T.B.S., pero rechazó la clausura de la otra casa para evitar dejar sin vivienda a tres niños menores de edad. En este último caso, consideró que el riesgo de reanudación de la actividad quedó neutralizado con el traslado de la pareja a otro barrio y la detención domiciliaria.

Además, hizo lugar al embargo de las cuentas y billeteras virtuales de J.A.Y. y C.N.F.S hasta un límite de 30 millones de pesos por persona, con excepción de las cuentas destinadas al cobro de subsidios o de naturaleza alimentaria.