Fiscal presentó los cargos por 49 hechos de estafa contra directivos de una cooperativa
El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó cargos por 49 hechos de estafa contra tres directivos de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena Limitada, a quienes acusó de ofrecer lotes en la zona de la meseta de la ciudad de Neuquén que no eran propiedad de la entidad ni estaban en condiciones de ser urbanizados.
La descripción de los hechos fue realizada hoy por la fiscal del caso Rocío Rivero, durante una audiencia en la Ciudad Judicial que comenzó por la mañana y se extendió hasta pasadas las 14, cuando el juez dispuso un cuarto intermedio para expedirse.
La representante del MPF atribuyó los hechos a J.S., quien era presidente de la cooperativa; a R.H., secretaria; y a B.L., tesorera. El perjuicio económico asciende a unos $4,5 millones -valor sin actualizar y que no tiene relación con el reclamo civil que llevan adelante las víctimas- y los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Rivero acusó a J.S. como autor del delito de estafa en concurso real, mientras que atribuyó a R.H. y B.L. responsabilidad como partícipes primarias. La querella adhirió a la acusación presentada por la fiscal del caso, y el juez de garantías que dirige la audiencia, Luciano Hermosilla, deberá resolver si la acepta en esos términos al finalizar la audiencia.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta durante la audiencia por las partes acusadoras, las personas acusadas “se aprovecharon de la necesidad habitacional” y “montaron un sistema de captación de nuevos asociados o adherentes hacia el proyecto conocido como ‘Meseta’ para el desarrollo de viviendas”. Según planteó Rivero, para concretar la maniobra brindaron información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano de Neuquén y sobre la titularidad del inmueble.
La fiscal, que durante la audiencia estuvo asistida por las agentes del MPF Lilen Ruffa y Victoria Lombardelli, explicó que la urbanización dependía de la incorporación del inmueble al ejido urbano de la ciudad mediante una ley provincial, algo que finalmente no ocurrió.
Asimismo detalló que J.S. y R.H. asumieron sus cargos a mediados de marzo de 2021 y comenzaron con la difusión del proyecto. A pesar de no contar con la propiedad de la tierra, J.S. celebró contratos de cesión onerosa en los que se comprometía a entregar lotes de 200 metros cuadrados en un plazo de 24 meses, con servicios de luz, agua y enripiado de calles.
La fiscal remarcó que ambos directivos “crearon un sistema coordinado para la captación de asociados bajo la promesa de la entrega de un lote con servicios (...), cediendo lotes de un inmueble ajeno cuando nunca iban a poder cumplir con esos objetivos”. A la vez, exigían a los asociados el pago de la cuota social y de la correspondiente al loteo.
Respecto de B.L., Rivero señaló que tuvo una participación indispensable en la maniobra, ya que se desempeñaba como tesorera, cobraba los fondos aportados por los asociados y luego disponía del patrimonio de la cooperativa bajo las directivas de J.S. y R.H.
Causa compleja
Durante la audiencia, la fiscal también pidió que la investigación sea declarada compleja y que se establezca un plazo de seis meses para llevar adelante la pesquisa. Fundamentó el pedido en la cantidad de hechos y víctimas y en las medidas que todavía deben realizarse. “Aún tenemos pendiente el análisis de teléfonos celulares secuestrados, así como el requerimiento de información a la justicia civil que también está interviniendo”, describió.
La querella acompañó la acusación y los planteos formulados por la fiscal. Por su parte, la defensa de las tres personas acusadas se opuso a la formulación de cargos y realizó, además, un planteo para restringir la publicidad de información personal de sus representados.
El juez de garantías Luciano Hermosilla escuchó los planteos de las partes y dispuso un cuarto intermedio, tra el cual resolverá la formulación de cargos presentada por el MPF y la querella, el pedido para declarar la investigación compleja y una serie de planteos de la defensa, referidos a la publicidad de información personal de R.H. y B.L., y a una asistencia jurisdiccional para citar una serie de testigos que revisten o revistieron funciones en el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y otros organismos públicos, entre otros puntos.
Por otra parte, ante una solicitud concreta de la defensa para la devolución de distintos elementos secuestrados en el marco de la investigación, la fiscal Rivero ofreció responder en un plazo de 10 días respecto de los casos en los que es posible acceder. Para ello, requirió a la defensa un listado detallado para su evaluación.