Tras la muerte de la víctima, reformulan cargos al acusado por dispararle y queda detenido
La fiscal del caso Guadalupe Inaudi reformuló los cargos contra H.E.A.C. por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de José Mariano Rivera, quien murió el 20 de octubre luego de permanecer internado en terapia intensiva por un disparo en la cabeza.
Durante la audiencia realizada este miércoles y junto a la asistente letrada Agustina Jarry, la fiscal del caso solicitó que el imputado, quien cumplía una detención domiciliaria, pase a un régimen de prisión preventiva por dos meses.
El hecho ocurrió el 12 de octubre, alrededor de las 8, en la calle Santa Teresa de Jesús, cerca de la intersección con Cuba, en Centenario. Según la teoría del caso, el imputado había mantenido una discusión con Rivera. Cuando este se retiraba en una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, H.E.A.C. lo siguió a pie y efectuó al menos tres disparos contra el vehículo.
Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de Rivera, quien perdió el conocimiento y el control de la camioneta, que terminó chocando contra el paredón de una vivienda. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Centenario y luego derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permaneció internado en terapia intensiva. Pese a la atención médica, el 20 de octubre se constató su muerte cerebral y posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Reformulación de cargos
La fiscal del caso explicó que a partir de la muerte de Rivera, correspondía modificar la calificación legal del hecho que inicialmente había sido considerado homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La nueva calificación es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).
Inaudi señaló que la investigación cuenta, entre otras evidencias, con registros de cámaras de seguridad que muestran al imputado corriendo detrás de la camioneta y realizando movimientos compatibles con disparos. También indicó que durante los allanamientos se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las observadas en las filmaciones. El arma utilizada no fue encontrada y, al momento de la audiencia, todavía no se había realizado la autopsia, debido al procedimiento de ablación de órganos.
La defensa no se opuso a la reformulación de cargos y el juez Luciano Hermosilla tuvo por reformulada la imputación.
Prisión preventiva
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la prisión domiciliaria que cumplía el imputado fuera reemplazada por prisión preventiva. Como fundamento, mencionó el agravamiento de la calificación legal y de la pena en expectativa, así como el riesgo de fuga. También señaló que el imputado tiene un arraigo precario en el país, una orden de expulsión que aún podía apelar y que no había sido localizado durante los primeros allanamientos.
A estos elementos se sumó una circunstancia ocurrida el día anterior a la audiencia: la propietaria de la vivienda donde cumplía la prisión domiciliaria comunicó que ya no quería alojarlo. Inaudi explicó que, ante la falta de otro domicilio disponible, no era posible sostener esa medida.
La defensa aclaró que la pérdida del domicilio no se debió a un incumplimiento del imputado, sino a la decisión de la propietaria en el contexto de lo ocurrido, y adelantó que intentará conseguir otra vivienda.
Tras escuchar a las partes, el juez consideró que la muerte de la víctima y el cambio de calificación aumentaron el riesgo de fuga y, tal como lo solicitaron las representantes del MPF, dispuso la prisión preventiva por dos meses, manteniendo el plazo establecido originalmente el 16 de octubre.