2026-10-27

Cumplirá una pena de prisión efectiva por dispararle a un joven y a sus familiares

Un hombre fue condenado a 2 años y un mes de prisión de efectivo cumplimiento por dispararle a un joven y efectuar otros disparos contra integrantes de su familia. La pena se acordó mediante un acuerdo pleno presentado por el Ministerio Público Fiscal y la querella particular, que el imputado aceptó. Además, se declaró su primera reincidencia, debido a sus antecedentes penales.

El hecho ocurrió el 1 de junio de 2026, en el barrio Gran Neuquén Sur, en el contexto de un conflicto entre dos grupos familiares. Según la teoría del caso presentada por la fiscal del caso Paula González y la asistente letrada Noelia Stillger, Jesús Andrés Álvarez realizó múltiples disparos con un arma de fuego y uno de ellos impactó en un joven, quien sufrió una lesión que le provocó una incapacidad para realizar sus tareas habituales por más de 30 días.

La investigación fiscal también acreditó disparos dirigidos contra otras personas que se encontraban en el lugar. Entre las pruebas reunidas, las representantes del MPF destacaron los testimonios de la víctima y de testigos presenciales, las declaraciones de efectivos policiales, los registros de cámaras de seguridad y los informes médicos.

El condenado reconoció su responsabilidad por los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego, en concurso real con abuso de armas. La condena se acordó entre el Ministerio Público Fiscal, la querella particular y la defensa, y durante la audiencia realizada hoy fue homologada por la jueza Carina Álvarez.

Suspensión de juicio a prueba

En otra audiencia realizada durante la misma jornada, se dispuso la suspensión del juicio a prueba por dos años para una mujer, a quien se le atribuyeron dos hechos de amenazas calificadas por el uso de armas de fuego, enmarcados en la misma conflictividad entre las dos familias.

Como reglas de conducta, deberá realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias, presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada y abstenerse de ejercer actos de violencia o intimidación contra las familias involucradas, entre otras obligaciones.

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