En Neuquén quieren penas más severas para los corruptos

El caso de los estafadores con planes sociales indigna. Se trata de una banda delictiva compuesta por un grupo de exfuncionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, que armó un esquema para apropiarse de millones de pesos destinados a familias de bajos recursos. El dinero jamás llegó a quienes lo necesitaban. Este jueves, tras años de investigación, se conocieron las penas y una pregunta recorrió Neuquén: ¿Merecían un castigo más severo? A juzgar por la reacción del gobierno provincial, la respuesta es un sí rotundo.

Ni bien se conoció el fallo, la Fiscalía de Estado anunció que apelará y reclamará aplicar la figura de asociación ilícita, que prevé penas de hasta diez años de prisión. El organismo considera que la estructura delictiva estuvo organizada, fue sostenida en el tiempo y contó con roles bien definidos. Además, adelantó que avanzará con fuerza en la recuperación total de los fondos robados. Para la provincia, el castigo actual no alcanza.

La decisión de apelar sintoniza de lleno con la política de tolerancia cero que el gobernador Rolando Figueroa impulsa desde diciembre de 2023. Apenas asumió, puso en marcha una estrategia para desarticular prácticas corruptas y limpiar el Estado: expulsó ñoquis, recortó gastos innecesarios y cortó beneficios históricos que se habían vuelto privilegios. Ahora quiere penas más severas para los ladrones de guante blanco.

En la audiencia de fijación de penas, el tribunal determinó condenas para los doce imputados que habían sido declarados penalmente responsables de las maniobras fraudulentas realizadas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Las penas más altas -cinco años de prisión efectiva- recayeron sobre Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración; y Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. Ellos fueron señalados como figuras centrales de la “banda”, tal como la describió la fiscalía. En otras palabras, los cabecillas.

Durante la audiencia previa, el fiscal Pablo Vignaroli insistió en que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, con un perjuicio económico acreditado de 153 millones de pesos, equivalente hoy a más de 1.200 millones. Aun así, el tribunal descartó la figura de asociación ilícita y optó por la calificación de administración fraudulenta agravada, lo que explica la reacción de la Fiscalía de Estado y su decisión de apelar.

La maniobra delictiva fue tan simple como brutal: retenían las tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, dejaban una parte del dinero para el titular y desviaban el resto hacia referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino. Una estafa que no solo robó recursos esenciales, sino que también lesionó la confianza pública en el Estado y golpeó a quienes menos tienen. Es por eso que Neuquén va por una pena más severa.