Figueroa impulsa un proyecto para proteger a las y los trabajadores de Salud

Durante la apertura del 55 período ordinario de sesiones de la Legislatura, el gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley que apunta a la creación de un Plan de Protección Integral de trabajadoras y trabajadores del Sistema de Salud, orientado a abordar las recurrentes situaciones de violencia física, verbal, psicológica y simbólica que vienen sufriendo en su lugar de trabajo. La propuesta combina prevención, protección inmediata, acompañamiento institucional y sanción efectiva de las conductas violentas.

“Proteger a quienes cuidan nuestra salud. Prevenir la violencia, dignificar el trabajo sanitario y garantizar condiciones seguras para quienes dedican su vida a salvar vidas, ese es el objetivo”, señaló Figueroa en torno al proyecto de ley.

Quienes sostienen el sistema de salud enfrentan todo tipo de agresiones, por lo que el proyecto reconoce que la violencia en el ámbito sanitario requiere respuestas coordinadas entre distintas áreas del Estado, incorporando herramientas preventivas como protocolos de actuación, capacitación obligatoria, mejoras en infraestructura y seguridad institucional, campañas de sensibilización social y registros estadísticos que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

En este sentido, la iniciativa señala que las agresiones contra el personal sanitario “no constituyen hechos aislados ni conflictos individuales, sino una problemática estructural que impacta directamente en la calidad de atención, en el funcionamiento institucional y en la sostenibilidad del sistema sanitario”.

En los últimos años se ha observado un aumento sostenido de episodios de agresión en guardias, consultorios, servicios de emergencia y distintos ámbitos sanitarios. Ejemplo de ello es la agresión que sufrió una enfermera de Huinganco a mediados de febrero cuando fue atacada brutalmente en el centro de salud o la sufrida por el personal de salud de la guardia del Hospital Castro Rendón en octubre del año pasado, entre otras.

Por ese motivo, el proyecto apunta a que garantizar condiciones laborales seguras y dignas no constituye únicamente un derecho de los trabajadores, sino también una condición indispensable para asegurar una atención sanitaria eficiente, humana y de calidad para toda la población. “No puede existir un sistema de salud fuerte si quienes lo integran desarrollan sus tareas bajo amenazas, hostigamientos o situaciones de violencia”, reza la iniciativa.

Asimismo, establece mecanismos de protección inmediata para las y los trabajadores víctimas de violencia, incluyendo asistencia médica y psicológica, acompañamiento institucional y reconocimiento de los hechos como riesgos laborales cuando corresponda, fortaleciendo el rol del Estado como garante de derechos.

La iniciativa también incorpora un régimen sancionatorio específico frente a conductas violentas contra trabajadores del sistema de salud, reconociendo que la protección efectiva requiere no solo prevención, sino también consecuencias claras ante acciones que vulneren la integridad del personal sanitario y pongan en riesgo la continuidad del servicio público.

Lejos de limitar el derecho de las y los usuarios a reclamar o expresar disconformidades, el proyecto distingue claramente entre el reclamo legítimo y la violencia, promoviendo canales institucionales de diálogo y convivencia respetuosa dentro del sistema de salud.

Además, prevé la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Violencia en el Ámbito Sanitario que permitirá consolidar una política pública sostenida en el tiempo, con participación plural de actores del sistema de salud, organismos estatales y sociedad civil.