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Tenía armas enterradas en el patio: fue condenado mediante un acuerdo
La investigación se inició a partir de un hecho de amenazas ocurrido en septiembre de 2025.
En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, una jueza de garantías homologó un acuerdo parcial presentado por la fiscalía y la defensa y declaró penalmente responsable a Jonathan Jesús Romero por delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas de fuego.
El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Silvia Moreira junto al asistente letrado Pablo Jávega, y contó con la conformidad de la defensa. En este marco, el imputado admitió su responsabilidad en los hechos y renunció a la realización de un juicio oral.
La jueza Natalia Pelosso tuvo por acreditada la responsabilidad penal de Romero por los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil, en concurso real con tenencia de arma de uso civil condicional (seis hechos), y en concurso ideal con encubrimiento por receptación dolosa, todo en carácter de autor.
Con esta resolución, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días una audiencia de determinación de la pena, donde será discutido el monto de condena que deberá cumplir Romero.
El hecho
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 9 de octubre de 2025, alrededor de las 8:20, durante un allanamiento realizado en la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.
En ese procedimiento, personal policial secuestró siete armas de fuego aptas para el disparo, cuatro de ellas con la numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres y otros elementos vinculados.
Las armas se encontraban enterradas en el patio del domicilio, lo que evidenció que el imputado tenía conocimiento de su existencia. Además, se constató que no contaba con autorización legal para su tenencia.
Investigación
La investigación se inició a partir de un hecho de amenazas ocurrido en septiembre de 2025 en otro domicilio de la ciudad, lo que permitió identificar el inmueble donde luego se realizó el allanamiento.
Durante la audiencia, la fiscalía detalló distintas pruebas reunidas, entre ellas testimonios policiales, pericias balísticas que confirmaron que las armas eran aptas para el disparo, informes del organismo de control que acreditaron que el imputado no era legítimo usuario, y análisis de comunicaciones telefónicas que reforzaron su vinculación con los elementos secuestrados.
