Imputan a exfuncionario por apropiarse de dinero sobrante de compra de combustibles

El fiscal del caso Víctor Salgado formuló cargos este miércoles contra Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes de la Municipalidad de Andacollo, por apropiación indebida de fondos públicos en operaciones de adquisición de combustible.

Se trata de una nueva acusación al exfuncionario, que en noviembre del año pasado fue imputado por integrar una asociación ilícita junto a otras tres personas, dedicada a defraudar al Estado, en ese caso, a través del alquiler de maquinaria vial.

Según la formulación de cargos realizada este miércoles, entre marzo y octubre de 2025, Zenteno desplegó un mecanismo sistemático de desvío de recursos: solicitaba la compra de grandes volúmenes de combustible, pero dado que los tanques municipales ya contaban con suficiente combustible, no se cargaba la totalidad del pedido. Los valores remanentes, documentados mediante contravales emitidos por la estación de servicio, eran recibidos por Zenteno, quien omitía rendirlos ante la administración, apropiándose indebidamente de los fondos.

Los hechos específicos imputados son:

-31 de marzo de 2025: remanente de $1.000.000  sobre un pedido de 2.795 litros de combustible adquirido.

-6 de mayo de 2025: remanente de $230.000 sobre un pedido de 2.831 litros de diésel.

-3 de junio de 2025: remanente de $2.688.000 sobre un pedido de 2.785 litros de diésel.

-28 de julio de 2025: remanente de $262.000 sobre un pedido de 2.995 litros de nafta y diésel.

-26 de agosto de 2025: remanente de $980.900 sobre un pedido de 2.490 litros de nafta y diésel.

-27 de octubre de 2025: remanente de $529.400 sobre un pedido de 2.445 litros de diésel.

El representante de la fiscalía encuadró el accionar de Zenteno en el delito de peculado, en modalidad continuada y en calidad de autor (artículos 261 y 45 del Código Penal), y precisó que, en total, el perjuicio económico al erario municipal ascendió a $5.690.300.

Según remarcó Salgado, en su carácter de funcionario público y con custodia funcional sobre los bienes y fondos involucrados, Zenteno “quebrantó el deber de fidelidad inherente a su cargo y generó un perjuicio económico directo al erario municipal”.

La querella, en representación de la Municipalidad de Andacollo, acompañó las imputaciones y los planteos de la fiscalía.

Tras escuchar a las partes, la jueza Leticia Lorenzo tuvo por formulados los cargos, tal como los planteó el fiscal del caso. También por pedido de los representantes del MPF, fijó el vencimiento del plazo de investigación en sintonía con el de la causa que ya estaba en trámite, es decir, el 27 de junio.

Medidas cautelares

Luego de la formulación de cargos, el fiscal del caso requirió a la jueza que, con “el objetivo de garantizar la reparación del daño”, fijara un embargo mensual del 10% sobre los haberes del imputado. La magistrada lo rechazó, por lo que Salgado solicitó que esa parte de la resolución pueda ser revisada en otra audiencia frente a un tribunal de tres integrantes.

Asociación ilícita

Los nuevos cargos se suman a los que se formularon el 27 noviembre de 2025, cuando se le imputó a Zenteno, a Carlos Daniel Leiva (director de Redes) y a los proveedores K.C.V y J.C.V, haber conformado una asociación ilícita que causó un perjuicio aproximado de $128 millones a la municipalidad de Andacollo. Según la fiscalía, los imputados certificaron horas de maquinaria vial nunca realizadas, dispusieron indebidamente de materiales de la cantera municipal y utilizaron personal y bienes municipales para beneficio propio.

En la investigación original se detallaron 13 hechos, entre ellos, certificación de horas de maquinaria nunca ejecutadas y con pagos millonarios a cuentas vinculadas al corralón; uso indebido de personal y materiales municipales para beneficio de los imputados; apropiación de bienes de la comuna (cable, muebles y una cocina industrial); todas maniobras reiteradas que configuran asociación ilícita, defraudaciones y peculado.

En ese marco, sobre Zenteno, Leiva y el resto de los imputados pesan embargos por $130 millones, que se fijaron para cubrir el monto de las estafas.