Comenzó el juicio por la explosión en NAO: el MPF presentó la acusación

Con el alegato de apertura del fiscal jefe Gastón Liotard, comenzó el juicio por la explosión ocurrida en la refinería New American Oil S.A (NAO), en la que murieron tres trabajadores en septiembre de 2022.

El debate se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Alina Macedo Font, y se prevé que se extienda hasta fines de abril.

Además del fiscal jefe, por el Ministerio Público Fiscal también interviene la fiscal del caso Ana Mathieu. La acusación se completa con la participación de abogados particulares que actúan como querellantes en representación de las familias de las víctimas.

En este proceso se juzga a cinco imputados —G.F.M.T.M; S.F.S; G.B; C.N.G; y A.E.N— acusados por el delito de estrago doloso agravado por el resultado de muerte. Según la acusación fiscal, el hecho fue consecuencia de múltiples incumplimientos en materia de seguridad industrial y control de riesgos.

Durante el juicio, el MPF prevé incorporar más de 40 declaraciones testimoniales, además de prueba documental y pericial, con el objetivo de acreditar las responsabilidades penales por la explosión.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022 cerca de las 4:10, en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul, cuando una emisión de vapores inflamables desde el sector de procesos -en particular del Tanque 205-, derivó en una deflagración y posterior explosión. Como consecuencia, murieron los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, quienes quedaron atrapados en una bola de fuego mientras intentaban dirigirse a la sala de bombas.

En relación a otro de los imputados en la causa, el exgerente general R.G.A., su situación ya fue resuelta previamente mediante una suspensión de juicio a prueba, por lo que no forma parte de este debate. Si bien el MPF y las querellas se opusieron a esa salida, la medida fue concedida por un Tribunal de Impugnación y luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.

En una audiencia posterior, se fijaron las pautas de la SJP, que el imputado deberá cumplir durante un año y seis meses. Entre ellas, se incluyeron tareas comunitarias, controles periódicos, una donación económica en concepto de reparación social destinada a cuarteles de bomberos que intervinieron en el hecho, y la prohibición de contacto con familiares de las víctimas.