Neuquén descentraliza políticas sociales con una inversión anual de 2.400 millones de pesos

El Gobierno provincial continúa avanzando en el proceso de descentralización de políticas públicas sociales, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar respuestas más rápidas y eficaces frente a situaciones de vulnerabilidad.

A través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, se puso en marcha un esquema de asistencia económica destinado a municipios y comisiones de fomento para la ejecución de programas y dispositivos vinculados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

La medida contempla una inversión total de 2.400 millones de pesos, con aportes económicos no reintegrables que serán transferidos de manera trimestral a los gobiernos locales que adhieran a los convenios de descentralización.

“Detrás de cada firma hay un gran trabajo en equipo, la articulación con municipios y comisiones de fomento es fundamental porque son quienes conocen de cerca cada realidad y pueden llegar más rápido a las familias que necesitan acompañamiento”, señaló el ministro Lucas Castelli.

En esta primera etapa, ya firmaron los convenios los municipios de Villa La Angostura y Junín de los Andes, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil. Próximamente lo harán el resto de las intendencias y municipios de segunda y tercera categoría de la provincia.

Los fondos estarán destinados exclusivamente a la implementación de acciones vinculadas a las Leyes 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 2955 de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, 3349 de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y 1634 de Protección Integral para Personas con Discapacidad.

La iniciativa busca consolidar un modelo de trabajo articulado entre provincia y gobiernos locales, entendiendo que la cercanía territorial permite detectar con mayor rapidez las problemáticas sociales y brindar un acompañamiento más eficiente a las familias y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Esta política forma parte de una estrategia de ordenamiento y redistribución de recursos, orientada a fortalecer la inclusión, garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan”, cerró.