Chos Malal: Comerciantes acusados de fraude deberán pagar 137 millones de pesos en reparación

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella municipal avalaron el pedido de los abogados de dos comerciantes imputados por realizar maniobras defraudatorias en perjuicio del municipio de Andacollo, para que mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) paguen $137 millones en concepto de reparación de daño y durante un año cumplan con una serie de pautas de comportamiento.

La resolución comprende solo a los comerciantes, K.C.V. y J.C.V., ya que en el caso hay otros dos imputados que eran funcionarios públicos al momento de los hechos  -Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes)-, que siguen bajo investigación.

Ambos comerciantes asumieron el compromiso de pagar $137 millones en reparación del daño a la Municipalidad de Andacollo, de la cual fueron proveedores a través de un corralón particular.

Además, cumplirán pautas de comportamiento durante un año, entre las que figuran presentarse de forma periódica en la Dirección de Población Judicializada; la prohibición de consumir estupefacientes y de excederse en el consumo de alcohol; no cometer delitos; y fijar un domicilio y avisar sobre cualquier cambio.

De este modo, K.C.V. y J.C.V. accedieron a una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta que se aplica para resolver casos penales de forma alternativa cuando los acusados no tienen antecedentes penales, no son funcionarios públicos y están imputados por delitos que prevén una pena de cumplimiento condicional —sin ir a prisión—. La SJP es también una herramienta que puede revocarse ante el incumplimiento de alguna de las pautas de comportamiento establecidas.

Durante la audiencia, la jueza de garantías aceptó los términos presentados por los abogados de los imputados, los cuales contaron con el aval del fiscal jefe Fernando Fuentes y de la representante legal de la Municipalidad de Andacollo, que intervino como querellante.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos cometidos fueron 13 en total y el monto del perjuicio alcanzó los $128 millones. Las maniobras fueron ejecutadas con una estructura organizada y con roles distribuidos. Así, fueron certificadas "horas fantasma" de alquiler de maquinaria vial y la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal, entre otras maniobras.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín.

Ambos comerciantes habían sido acusados en noviembre del año pasado: K.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de coautor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario; y J.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de autor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario.

Tras la audiencia de hoy, la investigación continuará respecto a los dos funcionarios públicos que están imputados en el caso.