Condenaron a exempleada del Registro Civil de Neuquén por realizar un cobro ilegal para casar a una pareja

La fiscal del caso Rocío Rivero, junto al asistente letrado Facundo Bernat y la agente judicial Adriana Silva, presentó un acuerdo mediante el cual fue condenada la ex oficial pública del Registro Civil de Neuquén, Mabel Carlina Rastellini.

En una audiencia de procedimiento abreviado, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal detalló los alcances del acuerdo, que incluyó dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 450 mil pesos.

Rastelini admitió su responsabilidad penal por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada.

El representante legal de la Fiscalía de Estado y la defensa oficial de la imputada prestaron conformidad para que el caso se resolviera mediante el acuerdo presentado por la fiscalía.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron cuando Mabel Rastellini se desempeñaba como oficial pública del Registro Civil N° 3417 de Neuquén. La fiscalía sostuvo que, en enero de 2025, la entonces funcionaria le solicitó indebidamente 90 mil pesos a una pareja que tramitaba un matrimonio a domicilio, bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite y debía completarse. El dinero fue transferido a su cuenta personal de Mercado Pago y, según la investigación, fue apropiado en beneficio propio.

Además, se le atribuyó haber confeccionado un acta de matrimonio con información falsa al omitir que la ceremonia se realizó fuera de la sede del Registro Civil y sin consignar los cuatro testigos requeridos para los matrimonios celebrados a domicilio. La fiscalía sostuvo además que no se registró el pago de la tasa correspondiente a este tipo de trámite, lo que generó un perjuicio económico al Estado provincial y obligó a la pareja a rectificar posteriormente el acta.

Los representantes de la fiscalía detallaron las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas testimonios de personal del Registro Civil, de la pareja que realizó el trámite matrimonial, documentación administrativa, informes de Mercado Pago y una pericia caligráfica que atribuyó a la acusada la firma estampada en el acta cuestionada.

En el marco del acuerdo pleno alcanzado entre las partes, Rastellini reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena propuesta por la fiscalía y la defensa.

El juez Juan Guaita, que estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo tras considerar que la prueba reunida resultó suficiente para acreditar los hechos y la autoría.

Además de la pena condicional y la inhabilitación, la condenada deberá fijar domicilio e informar cualquier cambio, presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control correspondiente, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, y no cometer nuevos delitos.