Acusan a un hombre por balear a dos vecinos tras una discusión

La fiscal del caso Paula González acusó a G.O. de haber disparado contra dos vecinos y herirlos durante una discusión ocurrida a comienzos de este año en un barrio de la ciudad.

El juez a cargo de la audiencia tuvo por formulados los cargos, dispuso medidas de protección y fijó un plazo de 4 meses para que avance la investigación.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2026, cerca de las 2:15 de la madrugada, en la zona de calle Picún Leufú. Dos personas se acercaron a hablar con el imputado para intentar resolver conflictos que venían manteniendo desde días antes. La conversación derivó en una pelea y, de acuerdo con la teoría de la fiscalía, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Una de las personas recibió un impacto en el tórax y la otra en el abdomen. Los informes médicos incorporados al expediente indican que ambas sufrieron lesiones que demandaron más de un mes de recuperación y les impidieron realizar sus actividades habituales durante ese período.

Para sostener la acusación, la fiscal del caso mencionó declaraciones de las personas afectadas y de testigos que presenciaron lo ocurrido, registros de video, fotografías extraídas de esas filmaciones, informes médicos y pericias balísticas. También señaló que durante la investigación fue secuestrado un revólver calibre 32 y que los estudios realizados determinaron compatibilidades entre esa arma y las vainas halladas en el lugar del hecho.

González atribuyó al imputado dos hechos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

La defensa cuestionó la calificación legal propuesta por la fiscalía y sostuvo que las lesiones debían considerarse leves. Sin embargo, no discutió la descripción del hecho ni la evidencia presentada en esta etapa inicial. Además, planteó la posibilidad de buscar una instancia de mediación para intentar resolver el conflicto entre las familias involucradas.

Al resolver, el juez de garantías Juan Guaita rechazó el planteo de la defensa. Explicó que los informes médicos incorporados al legajo indican que las lesiones provocaron una incapacidad superior a los treinta días, uno de los criterios que contempla el Código Penal para considerarlas graves.

Además de habilitar la investigación por cuatro meses, el magistrado dispuso una prohibición de perturbación para que el imputado no realice actos de hostigamiento ni mantenga contactos que puedan afectar a las personas involucradas y a su grupo familiar.