Quedó integrado el jurado popular que juzgará un caso de abuso sexual y corrupción de menores
El juicio se desarrollará entre el 18 de junio y el 2 de julio, bajo la dirección técnica del juez Marco Lupica Cristo.
Tras una audiencia realizada este martes en la Ciudad Judicial, quedó conformado el jurado popular que intervendrá en el juicio contra un hombre acusado por abusar sexualmente durante 19 años de una mujer de su entorno familiar y de cometer el delito de corrupción de menores.
El jurado quedó integrado por 12 personas titulares y 4 suplentes, con paridad de género, tras la audiencia de selección prevista por el Código Procesal Penal.
La acusación será sostenida por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte. Durante el debate está prevista la declaración de aproximadamente 40 testigos ofrecidos por el MPF y la querella (el abogado particular Carlos Caroselli), que representa a la víctima.
El juicio se desarrollará entre el 18 de junio y el 2 de julio, bajo la dirección técnica del juez Marco Lupica Cristo.
Los abusos
El imputado es J.R., y de acuerdo con la acusación presentada por el MPF, abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. El nombre del imputado se preserva con el objetivo de evitar la identificación de la víctima.
Los hechos fueron cometidos principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería.
Por estos hechos fue acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en carácter de autor.
Previo al inicio del juicio, la defensa planteó que J.R. padecía una enfermedad que le impediría afrontar el proceso. Sin embargo, a partir de una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que el acusado se encuentra en condiciones de ser juzgado y declaró que es apto para enfrentar el debate.
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