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Contrataciones en Plottier: rechazan levantar el pedido de secuestro de un camión
La fiscalía ofreció una alternativa para que el mantenimiento de la medida no impida el uso del vehículo.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso al pedido de la defensa de uno de los empresarios imputados para levantar el pedido de secuestro de un camión vinculado con la investigación por el direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier.
El planteo fue realizado durante una audiencia de control de la investigación. La defensa solicitó que se levantara el pedido de secuestro que pesa sobre el camión, mientras que Vignaroli sostuvo que la medida debe mantenerse porque el vehículo fue utilizado en las maniobras que se investigan y constituye un elemento de prueba. Además, planteó que, en caso de una eventual condena, podría quedar alcanzado por el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal.
La fiscalía ofreció una alternativa para que el mantenimiento de la medida no impida el uso del vehículo: que el empresario lo ponga a disposición de la investigación, se realicen las medidas necesarias y luego sea designado como depositario judicial, de modo que pueda continuar utilizándolo. La jueza Álvarez rechazó el levantamiento del pedido de secuestro y contempló esta posibilidad.
La investigación está a cargo de la unidad fiscal de Delitos Económicos y se inició para determinar la existencia de un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores durante la gestión del exintendente de Plottier Luis Bertolini.
La investigación
En abril, la fiscalía formuló cargos contra Bertolini, la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y los empresarios P.V. y M.L. La acusación sostiene que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios municipales intervinieron deliberadamente en los procesos de contratación para beneficiar a los dos proveedores.
Según la investigación, durante ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de $2.300 millones. En las contrataciones objetadas, los mismos proveedores eran invitados sistemáticamente a cotizar y resultaban adjudicatarios.
La fiscalía detectó además falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, cada uno de los imputados cumplió un rol dentro de una maniobra coordinada. Los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los empresarios canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico derivado de los procedimientos.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. fueron acusados como partícipes necesarios.
