Transfemicidio de Semeñenko: Investigan a una perito ofrecida por la defensa

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación para determinar si una perito ofrecida por la defensa particular de R.D.S, imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, cometió algún delito vinculado  al ejercicio ilegal de una profesión o la falsificación de documentación.

Lo afirmó la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto al fiscal jefe Agustín García, durante una audiencia de control de acusación que comenzó hoy, a primera hora de la mañana, con el objetivo de cerrar la investigación por el transfemicidio y dejar habilitada la etapa de juicio.

Sobre este escenario, Inaudi, quien intervino en la audiencia junto al fiscal jefe Agustín García y a las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, anunció que ante la documentación presentada por la defensa al efectuar su ofrecimiento de prueba para la etapa de juicio, “corresponde disponer la formación de un legajo autónomo a fin de poner tales antecedentes en conocimiento de la fiscalía de Delitos Económicos”, que es la que investiga este tipo de delitos.

Inaudi indicó que el pasado 30 de diciembre, durante una audiencia de control de la detención de R.D.S y sobre la base de información ofrecida por los abogados querellantes, que advirtieron respecto de una inconsistencia sobre la matrícula habilitante, “la defensa quedó anoticiada desde aquella oportunidad de la existencia de cuestionamientos concretos respecto de los antecedentes y habilitación profesional” de la perito que ofreció.

Prueba para el juicio

“No obstante ello, al efectuar posteriormente su ofrecimiento de prueba para la etapa de juicio, la defensa volvió a proponerla como perito de parte, acompañando en esta oportunidad un nuevo curriculum vitae y un documento denominado `Informe Médico Legal`, elaborado y suscripto por ella respecto del imputado”, relató Inaudi durante la presentación de hoy.

La fiscal precisó que de la documentación presentada surgió que la mujer “se atribuye, entre otras calidades, las de `Perito Médico de Oficio Poder Judicial de la Nación`, `Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría Forense` y `Perito Médico Legista y Forense`, consignando matrículas profesionales”, y que en su currículum también dijo tener “Título de Grado: Médico. UBA. Facultad de Medicina”.

Ante las inconsistencias advertidas, la fiscal del caso dispuso una serie de medidas para verificar la veracidad de la información brindada por la perito de la defensa. Fue así que de las consultas en los registros públicos de matrículas profesionales, “los datos obtenidos no permitieron corroborar la correspondencia entre las matrículas que se atribuye y su identidad”.

En paralelo, se requirió información a la Universidad de Buenos Aires, que informó que “existe constancia de egreso del curso técnico auxiliar en radiología” de parte de la perito, “sin informar la existencia de título de médica expedido a su nombre”.

Condenas

Finalmente, Inaudi explicó que el Registro Nacional de Reincidencia informó al MPF la existencia de antecedentes condenatorios de la mujer. “En primer término, con fecha 5 de octubre de 2020, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la condenó como autora penalmente responsable del delito de ejercicio ilegal de la medicina, imponiéndole la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional”, precisó. Y, el 5 de julio de 2022, “el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal la condenó nuevamente, en esta oportunidad a la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución condicional, por resultar autora de los delitos de estafa, usurpación de título y uso de documento público falso, en concurso ideal”.

La fiscal del caso planteó que “las circunstancias reseñadas adquieren particular relevancia frente a la documentación actualmente incorporada al legajo” que involucra a R.D.S. Consignó que la perito “invoca nuevamente la calidad de médica, consigna especialidades y números de matrícula profesional y suscribe, en tal carácter, un `Informe Médico Legal` respecto del imputado, ofrecido por la Defensa como prueba para la etapa de juicio”.

La representante del MPF afirmó que, “sin formular en esta instancia juicio definitivo acerca de la eventual relevancia jurídico-penal de tales circunstancias, la información obtenida resulta suficiente para disponer la formación de un legajo autónomo y su remisión a la Unidad Fiscal especializada, a fin de que evalúe la posible existencia de hechos delictivos y disponga, en su caso, las medidas de investigación que estime pertinentes”. Tras la incorporación de los informes iniciales de la Universidad de Buenos Aires y de los juzgados en los que se impusieron las condenas, Inaudi derivó el legajo a la unidad fiscal de Delitos Económicos, a cargo del fiscal del caso Juan Narvaez.

Juicio por jurados

Durante la audiencia de hoy, el punto central fue el control de la acusación en la investigación por el femicidio de Azul Semeñenko. La situación de la perito cuestionada y el resto de la prueba que presentaron las partes, como así también el pedido de la fiscalía para que el juicio se realice bajo la modalidad de Jurado Popular, serán resueltas por el juez de garantías Juan Guaita el próximo lunes.