La fiscalía neuquina pidió elevar a juicio un caso por administración fraudulenta

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la audiencia de control de acusación para abrir la etapa de juicio en una investigación por el presunto desvío de fondos públicos en un periodo comprendido entre 2022 y 2023, y en el cual están involucrados exfuncionarios provinciales y particulares vinculados a la cooperativa Viento Sur y organizaciones de la sociedad civil.

La fiscal del caso Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, pidió a la Oficina Judicial la fijación de la audiencia. El objetivo es presentar la acusación que comprende a ocho personas imputadas y, de este modo, cerrar la investigación y abrir la etapa de juicio para determinar las eventuales responsabilidades de cada una.  

La presentación de la fiscal del requerimiento de apertura del juicio contó con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, organismo que interviene como querellante en el caso y que presentó la denuncia inicial.

La teoría del caso del MPF con la adhesión de la querella, comprende a ocho personas imputadas por el delito de administración fraudulenta: en calidad de coautores para los exministros provinciales Abel Di Luca y German Chapino, y otros tres imputados, D.M, S.E.B y L.L.V; y como partícipes necesarios a las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S.

Para el MPF, la actuación coordinada de exfuncionarios y particulares configuró un esquema de desvío de fondos públicos que frustró la finalidad de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, destinado a acciones de capacitación de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Esto ocurrió entre 2022 y 2023 y el perjuicio al erario provincial fue estimado en $1.208.657.600, según valores históricos.

El programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.

Esto sobre un escenario en el que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados, y los pagos continuaron realizándose.

A los exministros, desde el MPF se les atribuyó autorizar pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes.

A los integrantes de la cooperativa Viento Sur, D.M, S.E.B y L.L.V, se les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones deliberadas, con el fin de sostener la continuidad de los desembolsos.

A las tres personas restantes, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S, se las acusó de recibir fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema de disposición patrimonial que permitió consumar el perjuicio.

En principio, el MPF prevé convocar a alrededor de 80 personas como testigos para el desarrollo del juicio que será ante un tribunal colegiado, integrado por tres jueces o juezas.