Proponen que los propietarios paguen la comisión inmobiliaria en Neuquén

El proyecto, elaborado en conjunto con organizaciones de inquilinos, en su fundamentación aclara que no se cuestiona el derecho de los corredores a percibir su retribución profesional, sino que determina que dicho costo debe asumirlo quien ofrece el inmueble y contrata el servicio, y prohíbe que el monto sea trasladado al inquilino.

Parra aclara que la propuesta surge como respuesta a la compleja realidad habitacional de la provincia, respaldada por los datos de la primera Encuesta Provincial de Inquilinos del Monitor de Alquileres de Neuquén.

En este aspecto, la iniciativa señala que el relevamiento, que alcanzó a más de 800 familias, expuso que el pago del alquiler representa en promedio el 35% de los ingresos del hogar. Además, el 35% de los encuestados manifestó tener dificultades para afrontar el pago, un 55% preveía tenerlas a corto plazo y el 65% demoró más de tres meses en conseguir una vivienda, un panorama condicionado por la falta de planes de viviendas populares, créditos hipotecarios y loteos con servicios.

Asimismo, el legislador sostiene que el escenario se ve fuertemente presionado por el constante crecimiento poblacional de Neuquén y el impacto de la actividad en Vaca Muerta. Agrega que, según datos del Censo 2022, uno de cada tres habitantes de la provincia nació fuera de su territorio, y la llegada sostenida de trabajadores vinculados al sector hidrocarburífero y turístico dolarizó y elevó los valores de los alquileres, que en muchos casos superan el millón de pesos. “Esta dinámica obliga a competir en desigualdad de condiciones a familias, docentes, personal de salud, estudiantes y empleados estatales”, indica Parra Jara.

En otro tramo, el diputado considera que ante esta situación, la iniciativa busca derribar la barrera económica que significan los gastos iniciales para acceder a un hogar, los cuales incluyen el mes de adelanto, el depósito, las garantías y las comisiones. Los autores del proyecto defienden que la medida es concreta y equitativa, ya que reduce el costo de ingreso para los trabajadores, respeta el cobro de honorarios del profesional inmobiliario y no genera ningún tipo de costo fiscal para las arcas del Estado provincial. De este modo consideran que se busca garantizar de manera efectiva el derecho a una vivienda digna plasmado en las constituciones nacional y provincial.

El proyecto de ley (18636) fue ingresado por Mesa de Entradas el 15 de septiembre de 2026.