La fiscalía neuquina inició una investigación por supuesto hurto de energía en barrios privados
El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica a la cooperativa CALF en tres barrios privados de la ciudad de Neuquén.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, dirigida por el fiscal Diego Azcárate, y bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala. Fue iniciada tras la denuncia presentada ayer por el apoderado legal de CALF.
De acuerdo a la información brindada por la cooperativa, personal propio detectó conexiones clandestinas a la red, así como la manipulación antirreglamentaria de instalaciones eléctricas y medidores, lo que habría permitido el consumo de energía sin su correspondiente registración ni facturación. Esto comprendería, según lo denunciado, un total de cinco lotes ubicados en los barrios privados “Rincón Club de Campo” (un lote), “La Zagala” (un lote) y “La Pelegrina” (tres lotes).
Primeras medidas
El fiscal del caso dispuso como primera medida, y con el objetivo de verificar los hechos y determinar las eventuales responsables, que desde CALF se remita al MPF diversa documentación vinculada a la denuncia; además de pedir informes a una de las administraciones de los barrios privados sobre los titulares de los lotes, ya que en las dos restantes fueron identificados.
Sobre el pedido de allanamiento de las viviendas involucradas en los hechos, y que realizado por CALF en la denuncia, el MPF consideró innecesaria la medida en este momento de la investigación: “teniendo en cuenta los procedimientos llevados a cabo por personal de CALF (constataciones, actas labradas con presencia policial), y conforme lo coordinado con el fiscal jefe, no corresponde hacer lugar a lo solicitado”, indicó el fiscal del caso.
De forma provisoria, la investigación es por el supuesto delito de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica.
En el contexto de la denuncia, la cooperativa también requirió al MPF que permita su constitución como querellante en el caso, lo cual fue aceptado.
“Estas conductas tienen como finalidad inequívoca eludir el control de consumo y evitar el pago del servicio, generando un perjuicio económico directo a la cooperativa y afectando además la seguridad del sistema eléctrico”, plantearon desde la CALF en la denuncia.